Los excesos de quienes ejercen el poder público no son una anomalía individual ni una simple falla de carácter: son la consecuencia predecible de un diseño institucional que concentra facultades exorbitantes y recursos monumentales en una sola persona, mientras mantiene controles limitados, endebles y frecuentemente subordinados.
En México, quien accede a una gubernatura estatal administra, en promedio, una bolsa de entre 85 mil y 95 mil millones de pesos anuales, respaldada por un amplio paquete de atribuciones para ejercerla. Para la Presidencia de la República, el monto ronda la colosal cifra de 10 billones de pesos, acompañado de un andamiaje legal y constitucional que históricamente minimiza la capacidad de contrapeso de los otros poderes y de las entidades federativas. Hasta aquí, el nudo del problema: el exceso de poder de quien ostenta el Ejecutivo federal y, en una escala menor pero con dinámicas sistémicas idénticas, el de quienes encabezan los gobiernos estatales.
Frente a semejantes “premios mayores” de la política mexicana, los incentivos para ganar una elección se vuelven desmedidos. En esa carrera feroz, se abandona lo que debería constituir la razón de ser de la actividad pública: la agenda de la gente.
Si bien la ciudadanía acude a las urnas convencida de votar por un proyecto de gobierno para mejorar su vida cotidiana, el peso real de la conversación política se concentra casi exclusivamente en el acceso al poder. Las charlas entre profesionales de la política versan invariablemente sobre quiénes se perfilan para las candidaturas de la próxima contienda, cómo sofisticar las narrativas de campaña, cómo interpretar los movimientos del adversario o cómo medir el pulso electoral sección por sección. Se dedican incontables horas a montar escenarios para fingir cercanía, obsesionándose con acumular interacciones digitales, consolidar una marca personal y marcar contrastes artificiales. Todo el esfuerzo se vuelca en llegar.
Una vez alcanzado el cargo, ante la descomunal bolsa de recursos y atribuciones disponibles, los excesos aparecen de forma prácticamente inevitable. Los sobreprecios en compras públicas y los contratos por servicios superfluos que poco o nada benefician a la sociedad son noticia diaria a lo largo del país, sin distinción de colores partidistas.
Le estamos pidiendo un imposible a la condición humana: exigimos gobernantes virtuosos, pero los colocamos frente a todas las condiciones institucionales para corromperse. Es el equivalente a invitar a un grupo de niños a probar golosinas, encerrarlos después en una bodega repleta de dulces y esperar que ninguno tome uno solo.
Este modelo no es sostenible. Ha empobrecido la deliberación colectiva y ha cancelado la discusión estratégica sobre cómo resolver los problemas comunitarios. Hoy la reflexión pública no gira en torno a cómo vivir mejor, sino a cómo ingresar a la bodega de las golosinas.
La solución conceptual es clara, aunque exige una profunda voluntad política: clausurar la bodega y dispersar el poder. Al fragmentar y descentralizar las facultades de decisión y el gasto, los incentivos desproporcionados por capturar las posiciones ejecutivas disminuirán. Permanecerán en la arena pública quienes posean auténtica vocación de servicio. A su vez, los esquemas de financiamiento opaco que buscan contratos futuros perderán viabilidad ante el reducido margen de maniobra unilateral de las autoridades.
Solo en un ecosistema de poder compartido la agenda ciudadana recuperará el centro de las prioridades, orientando el talento público hacia la solución de problemas reales y el aprovechamiento de oportunidades colectivas. La historia demuestra que las transiciones institucionales toman tiempo, tal como ocurrió al superar las monarquías absolutistas; hoy nos encontramos en la antesala de una nueva evolución frente a los retrocesos actuales.
En la siguiente entrega abordaré aquello que verdaderamente debe ocupar la mente de los diseñadores de política pública: la agenda de la gente.