Cuando mis hijas se pelean por la exclusividad de un juguete, una actividad o una golosina, la solución más efectiva que he encontrado se resume en tres verbos: dividir, repartir y turnar.
Sorprendentemente, la dinámica del hogar no dista mucho de la pugna que hoy presenciamos —no solo en México, sino en gran parte del mundo— por el poder público. Controlar el Estado significa, en la mayoría de los países, obtener un acceso casi ilimitado a recursos y beneficios materiales y simbólicos. Aunque las democracias modernas presumen una división de poderes, la realidad es que el Poder Ejecutivo sigue operando como una suerte de potestad imperial. No solo concentra la mayor parte de las facultades y el grueso de los recursos presupuestales, sino que todo ese peso recae sobre las hombros de una sola persona.
Este hiperpresidencialismo conserva los mismos pros y contras del absolutismo medieval. Si el monarca resultaba ser virtuoso, generoso y visionario, la nación podía marchar relativamente bien; pero si el gobernante resultaba ser un déspota o un retrógrado, el país caía en extremos catastróficos. La historia humana está repleta de capítulos definidos, para bien o para mal, por las fobias, virtudes y defectos personales de un solo individuo.
La verdadera tragedia contemporánea estriba en que no nos hemos dado cuenta de que este diseño institucional está completamente rebasado. No solo es ineficaz para enfrentar los retos del siglo XXI, sino que resulta profundamente dañino por su propia naturaleza. Los problemas globales y locales de hoy son de una complejidad inédita y exigen una visión colectiva, abierta, colaborativa y flexible. Los sistemas que recargan toda la responsabilidad de gobierno en un solo individuo son, por definición, incapaces de ofrecer soluciones sostenibles.
Lejos de incentivar la colaboración, nuestro sistema promueve la polarización, la división, el enfrentamiento y la descalificación. La recompensa por alcanzar el Ejecutivo es tan desproporcionada que la clase política —de todos los partidos, sin excepción— hace hasta lo imposible por obtenerlo. El interés supremo de servir con altura de miras a la ciudadanía pasa a segundo plano cuando el presupuesto anual promedio de una entidad federativa ronda los 90 mil millones de pesos, y el presupuesto federal roza los 10 billones de pesos. Que la directriz de semejante masa de recursos dependa, según nuestra propia Constitución, de una sola persona es una auténtica locura.
Esta recompensa desmedida es la chispa de la hiperpolarización. ¿Alguien puede creer con sensatez que todo lo que propone un partido es virtuoso y todo lo que dice el opositor es perverso? Plantearlo todo en un maniqueísmo de blanco contra negro está completamente alejado de la realidad. Esta confrontación encarnizada responde al desesperado interés por ganar elecciones. Al juego entran también intereses empresariales, comerciales e incluso criminales. Lo más grave es que toda esa energía y tiempo invertidos en la contienda electoral es exactamente el tiempo que dejamos de destinar a la construcción de soluciones basadas en un debate honesto que priorice las coincidencias fundamentales.
Tal como sucede en la mesa de mi casa, el sistema político que necesitamos requiere dividir, repartir y turnar. Vale la pena voltear a ver modelos como el de Suiza, que ha logrado disolver el absolutismo presidencial. Ahí, el Poder Ejecutivo no recae en un individuo, sino en un Consejo Federal integrado por siete personas de distintos partidos políticos, quienes turnan la presidencia del país de manera rotativa por periodos de un año, con funciones principalmente representativas.
Al disolver el poder hiperconcentrado y repartir la responsabilidad entre diversas instituciones y la propia ciudadanía, las reglas del juego cambian radicalmente: se neutralizan los incentivos de la confrontación y se fortalece la colaboración. Es hora de entender que el futuro no pertenece a los líderes indispensables, sino a las instituciones colaborativas.