En camino a la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la pregunta no es solo si existe compatibilidad entre el sistema judicial actual, con sus características escritas, digitalización y oralidad, sino que se debe analizar si el Legislativo y el Poder Judicial han construido estándares suficientemente densos para evitar que la tecnología se convierta en una nueva fuente de indefensión, cumpliendo con la inclusión, inmediación y contradicción efectiva.
El uso de la IA con la participación del juzgador debe considerar la evolución jurídica virtual bajo parámetros suficientemente densos para evitar que la tecnología se convierta en una nueva fuente de indefensión.
En principio el marco normativo reconoce el uso de expedientes electrónicos, notificaciones utilizando medios digitales, trámites en línea, pero la tecnología que aparentemente es neutral ya que todo se tramita en línea, impacta de manera desproporcionada a personas sin conectividad, sin dispositivos electrónicos, en pobreza, con discapacidad, o que pertenecen a la población analfabeta digital.
Si bien tenemos leyes que promueven la inclusión de las personas con discapacidad, que obligan a adoptar medidas de accesibilidad con los ajustes razonables necesarios, en términos más específicos, el Estado persigue conectividad, pero el proceso judicial no puede condicionar el ejercicio del derecho de acción o de defensa a un presupuesto tecnológico al que no se puede acceder.
Se requiere contar con reglas operativas y alternativas cuando la opción digital comprometa el acceso efectivo a la impartición de justicia, pueden ser módulos de acceso y asistencia en el poder judicial, soporte técnico institucional, accesibilidad universal y notificaciones de lectura fácil, entre otros elementos.
Si bien se busca una nueva opción eficiente, rápida y con menor impacto al erario público, la digitalización que conlleva la reforma tecnológica nunca debe ser a costa de la igualdad procesal y la defensa adecuada.
Se requieren pruebas previas que consideren las asimetrías en la celebración de audiencias remotas, identificar ventajas estructurales, repositorios oficiales para el intercambio de pruebas digitales, control de los medios probatorios digitales, etc.
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