El anuncio de la próxima presentación de las iniciativas de reforma en materia de justicia cívica, procuración y administración de justicia, desató una serie de críticas y descalificaciones, basadas en rumores y especulaciones, ya que las propuestas definitivas por parte del gobierno federal aún no se dan a conocer oficialmente.

Lo cierto es que a más de 12 años de que comenzó la operación del sistema penal acusatorio en Chihuahua, y a tres años de que opera para todos los delitos en el país, la justicia penal sigue en crisis y la percepción es que lejos de alcanzar las metas estimadas, sigue empeorando.

Desde un inicio se previó que el nuevo sistema de justicia penal requeriría de adecuaciones que serían determinadas con base en la experiencia de su operación. A eso se suman las deficiencias del marco jurídico vigente, que se torna inoperante por ser ajeno a la realidad, ocasionando que los imputados no sean procesados, queden en libertad y el delito en la impunidad. Con ello, quienes pierden son las víctimas y la sociedad honesta y trabajadora.

En cuanto a los obstáculos administrativos y operativos, las fiscalías enfrentan problemas graves, como la falta de presupuesto, burocracia paralizante, insuficiente capacitación, corrupción, falta de armamento y equipamiento forense, entre otras.

Las reformas que se propongan deben enfocarse en hacer eficiente el sistema penal para que finalmente se consolide. En distintos foros, el gobierno federal, las autoridades estatales, la sociedad civil organizada, la academia y los operadores del sistema han externado propuestas que podrían aprovecharse. El reto es lograr una reforma consensada y legitimada, pero sobre todo eficiente y eficaz.

No fue un acierto implementar una reforma garantista a favor de los procesados en plena crisis de violencia e inseguridad. Debemos mantener una visión crítica pero abierta hacia las reformas que proponga el gobierno. Los derechos humanos fueron el eje central para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Hoy, continúan siendo fundamentales para el diseño de las reformas que se avecinan; el límite entre los derechos de las víctimas y los procesados está a debate. En todo caso, el fortalecimiento del Estado en beneficio de las víctimas debe incluir los controles y la supervisión sobre los operadores del sistema, para garantizar el respeto al Estado de derecho, combatir la corrupción y el abuso de autoridad.

Exconsejero de la Judicatura Federal