Hablar sobre el combate a la corrupción suele convertirse en un lugar común. Un tema recurrente que frustra y enoja a la mayoría de las personas. Las conclusiones llevan generalmente a la resignación de que somos corruptos por naturaleza y que, por lo tanto, no hay mucho qué hacer.

A quienes nos ha tocado el privilegio de trabajar en actividades públicas vinculadas con la rendición de cuentas, el tema resulta sensible e incómodo. Las herramientas como la auditoría gubernamental, que es mi campo de actuación, tienen límites en su naturaleza y no permiten dar los resultados espectaculares que se requieren para aminorar la idea de que la corrupción en México no tiene remedio. Esto no significa que la fiscalización no sirva o tenga que desaparecer, más bien hay que entender su papel como coadyuvante contra la lucha anticorrupción.

Como bien lo señala Muhamad Kahn, quien fungió como auditor en Naciones Unidas en 2006: “Los auditores no están para atrapar a la gente con las manos en la masa… en todo caso pueden apuntar respecto a las debilidades que son fuente de corrupción”.

En línea con esta idea y con el ánimo de contribuir a un diagnóstico razonable sobre la corrupción vinculada con la operación del sector público —basado en el trabajo de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación—, se puede decir que la corrupción afecta cuatro grandes vertientes de la gestión gubernamental: (1) afecta la consecución de objetivos, (2) fomenta la ineficiencia, (3) genera incentivos para distorsionar la asignación de recursos, el costo de los proyectos y programas públicos, además de (4) afectar la confianza del ciudadano respecto al gobierno.

Me gustaría enfocarme al elemento de la confianza. Sin ella, se generan costos en la relación entre gobernado y gobernante. Por ejemplo: hay incentivos para dejar de pagar impuestos, no participar en la vida pública e inclusive desobedecer a las autoridades públicas. Me atrevo a afirmar que si no se atiende el aspecto de la confianza, la idea de que hay corrupción persistirá, aun cuando se generen condiciones de eficacia, eficiencia y economía en el sector público.

Uno de los grandes problemas del combate a la corrupción tiene que ver con la percepción de la corrupción. La percepción está en función de los conocimientos y las ideas y, además, es parecida a una sensación.

A partir de este punto, me gustaría hacer la analogía entre la percepción de la corrupción y las expectativas de la inflación, y, por lo tanto, hacer una breve descripción de las medidas antiinflacionarias y economías con elevado crecimiento de precios. Me explico con un ejemplo que nos puede parecer familiar.

En 1986 la economía mexicana observó una inflación anual de casi 160%. En años posteriores, para reducirla se tomaron dos tipos de medidas: ortodoxas y heterodoxas. Las medidas ortodoxas se vincularon con la disciplina monetaria, es decir, reducir la cantidad de dinero en la economía. Está comprobado empíricamente por los economistas que la inflación, en el largo plazo, depende de la cantidad de dinero en la economía.

Por su parte, las medidas heterodoxas se enfocaron al denominado pacto económico, el cual consistió en que los agentes económicos se sentaran periódicamente en una mesa para firmar un compromiso para no elevar precios. ¿Cuál era el efecto real del pacto si la inflación está en función de la cantidad del dinero en la economía? El pacto tenía que ver con las expectativas. La teoría económica señala que las expectativas de inflación generan inflación.

Las expectativas de inflación del día de hoy están conformadas por las expectativas en periodos pasados más información y conocimientos adicionales. El pacto económico contribuía, por lo tanto, a aportar información y conocimiento de que la inflación estaba bajo control y para el periodo siguiente esos elementos se integrarían a las expectativas de periodos pasados.

Desde mi perspectiva, en este ámbito la inflación y la corrupción son comparables. La lucha contra la corrupción implica adoptar medidas ortodoxas, tanto preventivas (control interno en las dependencias y evaluación de riesgos de corrupción) como correctivas (sanción y no impunidad). No obstante, es indispensable hacer frente al tema de la percepción de la corrupción. Al igual que las expectativas de la inflación, la percepción de la corrupción genera corrupción. Esto es, si la percepción de corrupción es alta, es muy probable que el ciudadano que tiene la posibilidad de participar en un acto ilegal considere que es normal y que seguramente no va a pasar nada si toma la decisión de hacerlo.

Por ello es indispensable establecer —como medida heterodoxa contra la corrupción— un pacto nacional anticorrupción en donde, al igual que en el pacto económico de los 80, los agentes involucrados —sector gobierno, cámaras empresariales y de comercio en el sector privado, órganos fiscalizadores, organizaciones ciudadanas, medios de comunicación— se comprometan a adoptar medidas en áreas sensibles como compras, proyectos de infraestructura, gastos en comunicación social y atención al ciudadano que contribuyan a abatir la percepción de la corrupción.

Esto sin duda, en el corto plazo, motivaría al ciudadano a formar parte de este esfuerzo, ya que sería más evidente que se está haciendo algo para que la corrupción no sea algo común, independientemente de las medidas ortodoxas que se implementen.

Sin la confianza de la gente no se puede augurar un resultado contundente en la lucha contra la corrupción.

Auditor superior de la Federación