Desde hace varios años hemos vivido innumerables marchas, bloqueos de las vías públicas, plantones de distintos orígenes y distintos fines, y muchas veces, la actuación de las autoridades se limita a informar y llevar estadísticas de estas manifestaciones. Todos nos hemos topado con una marcha o manifestación que nos ha afectado de diversas formas: no llegamos al trabajo, a una consulta médica, a la terminal de autobuses, a una entrevista laboral, y haciendo acopio de paciencia, sentados en el vehículo que nos transportamos esperamos a que termine el bloqueo, marcha, manifestación o plantón para que nos permitan pasar. ¡Ni qué decir de quienes tienen un comercio en las zonas donde se realizan estas manifestaciones! A todo esto hay que agregar que cuando hay vandalismo o actos que pueden constituir delitos ante los cuales la población está indefensa, para evitar mayor violencia, las autoridades protegen a los marchistas para que ejerzan su derecho a manifestarse sin que sean molestados por el resto de la ciudadanía.
Ante esta situación la población se pregunta: ¿Y nuestros derechos? ¿Por qué una pequeñísima parte de la población afecta a ciudades enteras? El ciudadano no puede realizar sus actividades. Estos grupos se expresan pero van contra la ley, y la autoridad que tiene la legitimidad para regular y sancionar estos actos, no lo hace. Se dan diversas explicaciones: que si se dan estas manifestaciones es porque la autoridad no atiende las demandas sociales o que si se restringe el derecho a manifestarse sería un retroceso en el proceso democrático en que está inmerso nuestro país.
Sin embargo, se ha avanzado en el tema: en 1992 la protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango constitucional; en 1999 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuyo objetivo esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Es evidente que nuestro sistema jurídico y de derechos humanos prevé la realización de marchas, manifestaciones y plantones donde se ejerce la libertad de expresión, o manifestación de ideas, o como ejercicio de la libertad de reunión como derechos protegidos por garantías individuales.
Resulta preocupante que el abuso de estos derechos y libertades se convierta en un freno para la actuación de la autoridad y un medio de afectación a los demás. En Querétaro, en los anteriores días, se han detenido a presuntos responsables de actos que pueden ser considerados como delitos. Es incuestionable que se deben respetar sus derechos humanos, pero es primordial que se respeten los derechos de las mayorías. Nuestro estado necesita recuperar los niveles de paz y tranquilidad que le daban una calidad de vida inmejorable que formaba parte de su patrimonio intangible. Ahora tenemos que sufrir inseguridad y un crecimiento desordenado. Evitar el caos en la sociedad implica que el gobierno, en sus tres niveles, ejerza su autoridad, sí cuidando que lo haga en el marco de los derechos humanos pero sin atarlo para que gobierne para todos y en beneficio de los derechos de todos.
En el Sistema Interamericano de De rechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión señala que a pesar de la importancia otorgada tanto a la libertad de expresión como a la libertad de reunión pacífica para el funcionamiento de una sociedad democrática no se transforman en derechos absolutos. En efecto, los instrumentos de protección de los derechos humanos establecen limitaciones a ambos derechos.
Siempre será mejor buscar la alternativa pacífica, pero no puede aceptarse que un grupo minoritario amenace y perjudique a la sociedad. Los gobiernos deben valorar en su justa dimensión las manifestaciones, plantones o bloqueos para hacer propuestas claras y concretar. Subrayamos: la responsabilidad de las autoridades de dar atención a las demandas y necesidades de la colectividad debe responder al bienestar social.
Ex presidente municipal de Querétaro y ex legislador federal y local.
@Chucho_RH
