En la ENES Juriquilla (UNAM), como en otras universidades en Querétaro, los estudiantes se muestran entusiastas cuando les retamos en las aulas para que planteen soluciones innovadoras ante problemas complejos. Aquellos con una visión pragmática miran hacia el futuro con la esperanza de convertir sus ideas en emprendimientos e integrarse en las dinámicas cadenas globales de producción, motivados por el crecimiento económico del Bajío y el atractivo de las inversiones internacionales en la región. Aspiran a encontrar un ambiente propicio para su desarrollo profesional. Sin embargo, como profesores somos conscientes de que el futuro no ofrece tanta certeza como desearíamos. Nuestra región, de hecho, enfrenta desafíos significativos debido a problemas estructurales que afectan al país.

Este mes, el Banco Mundial publicó un estudio sobre la competitividad en América Latina que destaca los desafíos comunes en la región, los cuales podrían limitar las oportunidades generadas por tendencias globales en inversión como el "nearshoring" y el "friendshoring". El informe identifica el envejecimiento de la fuerza laboral y los crecientes niveles de violencia como obstáculos importantes para la atracción de inversión. Específicamente, resalta la violencia derivada del crimen organizado, que se ha convertido en un grave problema para el bienestar con tasas de homicidios que cuadruplican el promedio mundial.

Particularmente en México, el crecimiento económico y la atracción de inversiones extranjeras directas enfrentan retos considerables debido a la violencia organizada. Aunque algunos medios y gobiernos sugieren que los inversores podrían ser indiferentes ante el crimen organizado, investigaciones recientes indican todo lo contrario. Por ejemplo, el estudio que Garriga y Phillips publicaron el año pasado en el "Journal of Conflict Resolution", revela que la competencia entre grupos criminales tiene un efecto directo y negativo sobre las nuevas inversiones en los estados. Analizando datos de los estados mexicanos entre 2000 y 2018, los autores mostraron que una mayor incidencia de conflictos entre estos grupos está vinculada a una reducción en la inversión extranjera directa al año siguiente. Además, su investigación cuestiona la efectividad de las políticas de "ir por las cabezas" que se enfocan en los líderes de los grupos criminales, sugiriendo que estas pueden provocar la fragmentación de los grupos y aumentar la violencia, lo cual, a su vez, repercute negativamente en la economía.

Es crucial considerar cómo la violencia está impactando regiones económicas como el Bajío. La competencia entre carteles implica no solo violencia directa, sino también la desestabilización de las instituciones locales y el tejido social, creando un ambiente hostil para la inversión. Así, aunque algunas áreas de México siguen siendo atractivas para los inversionistas extranjeros debido a factores como su ubicación estratégica y su mano de obra calificada, el panorama de la seguridad sigue siendo un desafío significativo que requiere atención urgente.

Querétaro ha proyectado ante el mundo la imagen de ser un estado próspero con una suerte de “blindaje” ante la violencia. La percepción de la seguridad entre sus habitantes ha mejorado en el último año. Sin embargo, recientes incidentes violentos, marcados por el uso de armas de alto calibre, sugieren que esta percepción de estabilidad podría ser más frágil de lo esperado. A esto se suman factores como las desigualdades sociales, la exclusión de ciertos grupos y la estigmatización de los jóvenes en áreas marginadas, así como la distribución desigual de recursos básicos y los daños ambientales, que podrían propiciar un cambio en las condiciones de estabilidad en pocos años.

Ante esta situación, es crucial que los ciudadanos organizados y los grupos empresariales asuman el reto de actuar responsablemente en la construcción de paz social. Esto implica involucrar a diversos actores en iniciativas comunitarias que mejoren las condiciones de vida de la población. Es urgente repensar el papel de los empresarios junto con las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, implementación y seguimiento de políticas de seguridad. Debemos explorar la formación de alianzas que permitan un ajuste mutuo de intereses, donde los intereses empresariales se equilibren con los de las OSC y otros actores menos poderosos en las agendas de seguridad, para así forjar caminos colectivos de acción. Estas medidas son esenciales para mantener a Querétaro como un espacio próspero y atractivo para las inversiones.

En la ENES Juriquilla, no solo hay estudiantes que buscan crear emprendimientos e integrarse a las industrias; un grupo creciente está igualmente comprometido con el desarrollo de proyectos de intervención social, poniendo en práctica innovaciones en la construcción de paz. Esta generación, profundamente consciente de las condiciones de seguridad y el respeto a los derechos humanos, aborda estos desafíos con un enfoque fresco y una perspectiva globalizada. En un momento en que las voces jóvenes son más necesarias que nunca, escucharlas puede proporcionarnos las claves para abordar los desafíos.

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