El crecimiento urbano de Querétaro ha sido celebrado como sinónimo de dinamismo, inversión y progreso. Pero pocas veces se reconoce que esta expansión ha sido extensiva, desigual y ambientalmente insostenible. A medida que nuevos fraccionamientos avanzan sobre zonas de recarga hídrica, las decisiones de infraestructura no responden a una lógica de planeación y gestión territorial sino a la presión inmobiliaria y a la omisión regulatoria de autoridades que han dejado operar libremente a los desarrolladores.
Uno de los argumentos políticos más utilizados para justificar grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura es que cada día llegan más familias a Querétaro. El discurso es simple: si crece la población, deben crecer los servicios. Pero el problema no es cuántas personas llegan, sino qué tipo de soluciones urbanas se gestionan. En lugar de consolidar zonas habitacionales bien conectadas, con equipamiento y suficientes áreas verdes que permitan la permeabilidad del suelo, se ha optado por una expansión horizontal, desconectada y permisiva. Lo más grave es que esta expansión ha invadido zonas clave de recarga del acuífero, comprometiendo la sostenibilidad del propio sistema hídrico.
Hoy Querétaro enfrenta una paradoja: mientras los precios de la vivienda se disparan y los fraccionamientos proliferan en zonas cada vez más alejadas del centro, los recursos ambientales que sostienen esa urbanización —el agua, el suelo, la energía— son cada vez más escasos. El Sistema Batán ha sido presentado como una solución tecnológica de vanguardia para enfrentar esta crisis. La propuesta implica tratar aguas residuales mediante procesos avanzados y potabilizarlas para su reutilización, bajo el argumento de que se cumple con las normas oficiales mexicanas.
En lugar de abrir un debate público riguroso sobre los límites ecológicos del modelo urbano actual, el proyecto ha sido defendido como inevitable y hasta incuestionable. Se ha presentado como una necesidad técnica, cuando en realidad responde a una lógica de gestión del déficit provocado por décadas de urbanización desregulada. La pregunta no es solo qué hacer con el agua, sino por qué falta y para quién está disponible.
