Hace años, cuando hacía mi investigación doctoral, realice una breve estancia en una agencia del ministerio público de la Ciudad de México. Quería estudiar las dinámicas de trabajo en la agencia para entender la brecha existente entre el derecho escrito y su práctica. Aprendí mucho sobre el sistema de justicia penal mexicano y sus limitaciones. Las exigencias burocráticas al personal en el sistema escrito hacían que gran parte de las horas laborales se perdieran en el armado de expedientes o en cumplir requisitos que nada tenían que ver con la calidad de la justicia. Ante la carencia de recursos y la imposibilidad de enfrentar la abrumadora carga de trabajo, los peritos y agentes optaban por atender los casos más fáciles por encima de los más difíciles, y normalmente más graves. Al final, estos contaban igual para avanzar carreras y lograr ingresos por estímulos de desempeño. Parte de mi tiempo lo pasaba en la barandilla, observando cómo llegaban personas a pedir informes o levantar una denuncia, un reto no menor. Cualquier excusa era buena para evitar la apertura de un nuevo expediente porque implicaba más trabajo.
Cada semana, el fiscal encargado de la agencia daba instrucciones. En una ocasión, informó al que el jefe de gobierno —entonces Andrés Manuel López Obrador— había ordenado la reducción de los índices delictivos. Era absurda la orden, pues el trabajo de los MP consiste en investigar delitos cometidos, no prevenirlos. La única herramienta para disminuir los índices era registrar menos delitos, y la forma más fácil de hacer eso era desalentar la denuncia. Solo las personas más necias, o desesperadas, continuaban el viacrucis de interponer una denuncia.
La desaparición de desaparecidos que ha llevado a cabo el gobierno federal para disminuir la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, me hizo recordar estas prácticas. La semana pasada el gobierno pasó de contabilizar a 110,964 personas desaparecidas, a reconocer a 12,377 (11% del total). Con justa razón, ha causado enojo e indignación entre familiares de personas desaparecidas. De acuerdo con algunos testimonios, fueron contactados por servidores de la nación, que sin facultades para realizar tareas de búsqueda o investigación, preguntaban si ya había aparecido la persona y ponían en duda el hecho.
Hace unas semanas, escribía también sobre los problemas de registro de homicidios en la CDMX. Claudia Sheinbaum presume una reducción de 51% en los homicidios de la Ciudad, pero las cifras del Inegi muestran un creciente número de muertes violentas no determinadas, cuyos certificados de defunción no cuentan con suficiente información para afirmar que fueron homicidios.
Entre la desaparición de desaparecidos y los muertos que no cuentan, la estrategia parece ser reducir cifras. La justicia queda ahí como una promesa más incumplida por una transformación que en seguridad se ha reducido a militarizar, negar y asegurar que hay otros datos que desmienten la realidad.
