Las consecuencias de la política expansionista de Donald Trump ya empezaron a pegar en México, especialmente en los bolsillos de quienes menos tienen.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha generado una serie de repercusiones económicas a nivel mundial, y México no ha sido la excepción. Uno de los impactos más notorios ha sido el aumento de la inflación, que afecta principalmente a la población de bajos recursos. Este conflicto ha traído consigo una volatilidad significativa en los mercados internacionales, especialmente en el sector energético, lo cual ha repercutido directamente en los precios del petróleo y, por ende, en los costos de producción y transporte dentro del país.

El precio del barril de petróleo suele ser uno de los primeros indicadores en reaccionar ante tensiones geopolíticas. Cuando Estados Unidos e Irán entraron en conflicto, la incertidumbre sobre el suministro mundial de crudo provocó que los precios se disparasen, sobre todo con el bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz, un canal de tráfico constante de barcos petroleros que abastece a la mayoría del orbe.

El aumento en los precios de combustibles se ha empezado a traducir en mayores costos para el transporte de mercancías, impactando directamente en los alimentos más básicos. Por ejemplo, el precio de la tortilla, del pan, el jitomate y otros productos esenciales ha presentado alzas significativas que ya rebasaron el 4% en el primer trimestre.

La pregunta es ¿Qué acciones ha hecho el gobierno mexicano para detener este impacto? Hasta el momento y desde que inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha existido claridad en cuanto a qué estrategias emprenderán frente a las decisiones cada vez más radicales del presidente de Estados Unidos. Acciones y decisiones que a veces son directas hacia nuestro país y, en otras, nos golpean de rebote, como es en este caso.

Pero también no todo es culpa del exterior. La fragilidad de México obedece a una economía ralentizada que no se ha podido recuperar desde los tiempos de la pandemia. El centralismo exacerbado de la 4T, aderezado con decisiones controversiales como la reforma judicial y, más recientemente, la infructuosa reforma electoral, han terminado por disuadir la inversión y mermar la confianza en el mercado mexicano. En este sentido, la falta de dinamismo económico se ha visto agravada por políticas internas que han generado incertidumbre. El enfoque centralista de la administración federal ha limitado la autonomía de los estados y ha impedido la búsqueda de estrategias regionales que podrían impulsar el desarrollo local.

Así, ante un conflicto de escala global como el que se está viviendo en Medio oriente, nuestro país no tiene una salida o ruta de escape clara ni precisa. Literalmente su economía está pendiendo de dos hilos: que el conflicto termine lo más pronto posible y que Estados Unidos se decida, por fin, a ratificar en todas sus partes el T-MEC.

El panorama no es sencillo ni mucho menos halagador. Por eso, es preciso y urgente que el gobierno mexicano defina estrategias claras y efectivas para proteger a los sectores más expuestos y recuperar la confianza en el mercado mexicano.

Ante la combinación desafortunada de presiones externas, como el conflicto entre EU e Irán, y problemas internos derivados de una economía debilitada y decisiones gubernamentales cuestionables, el país se encuentra en una encrucijada. Es indispensable afrontar el reto, restando el impacto en los hogares y sentando las bases de una economía más sólida que permita una verdadera recuperación. De lo contrario, la incertidumbre seguirá dominando el escenario nacional.