Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

El Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió el pasado 18 de agosto que la sección “Quién es Quién de las Mentiras”, en las mañaneras durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, violó el honor, la dignidad y derechos de críticos del gobierno, entre ellos el analista político Max Kaiser.

De acuerdo con un comunicado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dijo que "esta sección generó un ambiente hostil, que buscaba desincentivar la crítica".

Con respecto a Kaiser, se dijo que "fue mencionado, como muchos otros, de forma denostativa y sin sustento", luego de las criticas emitidas al actuar gubernamental durante la administración del 2018 al 2024.

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Expresidente AMLO durante sección "quién es quién en las mentiras". Foto: Archivo

Entre los puntos clave de la resolución, el Tribunal dijo que:

• Se identificaron comentarios lascivos y descalificativos en la sección "Quién es quién en las mentiras".
• Existió un uso indebido de redes socialesgubernamentales para atacar a sus críticos (entre ellos Max Kaiser).
• Falta de rigor y objetividad en la información compartida, es decir que "la información difundida sobre el analista político no se basa en hechos concretos, sino en juicios y valoraciones subjetivas".
• Existió riesgo de generar un ambiente hostil y propicio para la violencia.

En este juicio, impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el Tribunal también sostuvo que el fallo reafirma que "la libertad de expresión no puede ser restringida mediante discursos oficiales" y que busquen "desincentivar la crítica".

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Agregó que la sección "Quién es Quién de las Mentiras" no podía considerarse "un simple ejercicio periodístico o expresiones personales de funcionarios públicos", sino que "eran actos de comunicación oficial", por ende, no podían emitir mensajes discriminatorios, estigmatizantes o contrarios a los derechos humanos.

Finalmente, el Tribunal concluyó que con esta decisión, se protegió al comunicador social afectado y además lanzó un mensaje firme: "las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar, exponer o deslegitimar a quienes ejercen su derecho a disentir".