Más de 2 mil profesionales del sector salud en México se pronunciaron a favor de la “Ley Trasciende”, iniciativa impulsada por Samara Martínez, que busca la despenalización y regulación de la ayuda médica para morir, como parte del reconocimiento del derecho a una muerte digna en el país.
A través de un desplegado, médicas, enfermeras y especialistas en salud respaldaron las iniciativas legislativas presentadas a finales de 2025 en el Congreso de la Unión que buscan garantizar el derecho constitucional a una muerte digna, así como la regulación de la ayuda médica para morir, el fortalecimiento del acceso a cuidados paliativos, el respeto de la autonomía y de la libertad de decidir hasta el final.
“Las personas firmantes, profesionales del sector salud, manifestamos nuestro firme respaldo a que México garantice el derecho a una muerte digna mediante la regulación de la ayuda médica para morir para personas pacientes adultas con enfermedades crónico degenerativas, terminales y/o con alto grado de sufrimiento”, expresaron.
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Los firmantes también hicieron un llamado al Congreso de la Uniónpara legislar a favor de la ayuda médica para morir, garantizando a las personas en México la posibilidad de decidir, en condiciones de dignidad y sin sufrimiento, sobre el final de su vida.
En tanto, convocaron a más profesionales del sistema de salud, tanto del sector público como del privado, a sumarse a la causa, a abrir la conversación desde la evidencia científica, la ética médica y la empatía con las personas pacientes.
En ese sentido, explicaron que el deber fundamental de la medicina es aliviar el sufrimiento y, en casos excepcionales, la ayuda médica para morir constituye una respuesta compasiva y profesional orientada al bien del paciente siempre y cuando sea su voluntad con base en la información plena y la posibilidad de toma de decisión hasta el final.
Añadieron que respetar la autonomía de la persona paciente es un principio ético irrenunciable y negar la posibilidad de decidir sobre el propio proceso de morir vulnera su dignidad.
Los especialistas detallaron que una muerte digna es parte del derecho a la salud y garantizar la ayuda médica para morir, bajo criterios estrictos y regulados, es coherente con una concepción amplia del derecho a la salud centrada en la persona y no únicamente en la prolongación biológica de la vida de manera aislada.
Adicionalmente, advirtieron que la prohibición no elimina las prácticas de ayuda a morir, sino que las empuja a la clandestinidad, generando riesgos sanitarios, desigualdad y desprotección tanto para pacientes como para profesionales.
Por ello, sostuvieron que una regulación permite establecer procedimientos multidisciplinarios claros, evaluaciones médicas rigurosas, supervisión institucional y seguridad jurídica, reduciendo riesgos y previniendo abusos.
Además, destacaron que la ayuda médica para morir no sustituye ni debilita los cuidados paliativos, sino que su regulación exige su fortalecimiento y disponibilidad universal.
Agregaron que la regulación ofrece certeza ética médica y jurídica, pues protege la objeción de conciencia, evita la criminalización del acto médico compasivo que respeta la voluntad de la persona paciente y fortalece el profesionalismo sanitario.
Asimismo, enfatizaron que mejora la calidad del acompañamiento al final de la vida, porque fortalece la comunicación, la planificación anticipada y la toma de decisiones informadas, así como el derecho a despedirse en paz de sus seres queridos, generando una relación más transparente, empática y respetuosa entre pacientes, familias y equipos de salud.
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