Tras un cateo en una bodega ubicada en Huixquilucan, Estado de Méxicoy usada para la fabricación y distribución de cigarros ilícitos, elementos federales detuvieron a tres hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera y aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),Omar García Harfuch, además se decomisaron cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y empaquetado de los productos, así como 293 cajas con filtros de cigarro, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos.
"La fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen", sostuvo el titular de la SSPC.
Más tarde, un comunicado de la dependencia detalló que también resguardaron 32 cajas de cigarro no terminadas, 80 charolas de cigarro, 170 cajas con 102 mil cajetillas, un compresor, 646 paquetes de marquilla, 701 rollos de papel adherible para marquilla, 2 mil 926 rollos de papel celofán, 4 mil 32 rollos de papel cigarette verde y 780 Rollos de papel cigarette blanco, todo usado para la fabricación y distribución de cigarros ilícitos.
Asimismo compartió que los tres hombres detenidos de 46, 49 y 60 años de edad, se les leyeron sus derechos de ley fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Mientras tanto, el inmueble usado como fabrica quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.
El cateo en el lugar deriva de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales en el Estado de México y participaron elementos de la SSPC, Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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Finalmente, el Gabinete de Seguridad subrayó que con estas acciones se refrenda el compromiso de combatir la fabricación, comercialización y distribución de mercancía ilegal, así como de proteger a la población de los riesgos asociados con estos productos.
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