Más Información
La ley general de salud, que pretende en el estado regular los espacios 100% libres de humo de tabaco, es regresiva y discriminatoria, aseguraron activistas, pues es una ley que beneficiará sólo a los trabajadores que laboran en edificios de gobierno, mismos que son considerados libres de humo del tabaco.
Gisela Sánchez de León, presidenta de Salud y Género en Querétaro, informó que de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) en 2011, en el estado se generaron 844 muertes por tabaco, lo que equivale a más de dos muertes diarias.
“El costo de atención es de 446 millones de pesos para pacientes con enfermedades causadas por el tabaco, además de que se reporta que aumentado el número de adolescentes que fuman, esto aunado de que Querétaro ocupa el tercer lugar en adolescentes que más fuman y que más toman en alcohol”, dijo.
En este sentido, la activista señaló que dicha ley sería un freno que evitará que los adolescentes sigan fumando, e incluso comiencen a consumir otro tipo de drogas.
“Si vamos empezando por algo que está socialmente aceptable, que son espacios cerrados cien por ciento libres de humo, esto va a propiciar una cultura de que no está bien fumar, de que hace daño o bien que si ya tiene la adicción que se salgan afuera y que no dañen a los que no tiene esa adicción”.
Agregó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de 2008, la población queretana expuesta al humo del tabaco es el 28.1% en adolescentes y 31% en adultos.
Gisela Sánchez aseveró que es intolerante que se rechace una ley de espacios 100% libres de humo y se quiera adoptar en su lugar la Ley general en la materia, tal y como lo propuso el secretario de gobierno, Jorge López Portillo.
Sánchez de León dijo que los que trabajan en inmuebles públicos y de gobierno serán los únicos beneficiados con la ley.
“Desde 2010 en Querétaro están disponibles los espacios libres de humo de tabaco, por lo que de aprobarse esta ley, sería una terrible incongruencia y existirían dos ordenamientos que causarían incertidumbre jurídica en la población, ya que no se sabría a cuál se haría caso”, agregó.
