Más Información
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Arsenio Durán Becerra, señaló que la figura jurídica del arraigo —es decir, detener a una persona para después investigar su culpabilidad— se aplicó en Querétaro cuatro veces durante 2012.
La última ocasión que se procedió con esta medida en contra de las personas detenidas fue ante el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Amealco.
El procurador afirmó que este recurso se utiliza cuando no se presentan circunstancias que justifiquen la participación de una persona en un hecho ilícito y que no se puede esclarecer en un lapso de 48 horas.
“Tuvimos recientemente arraigadas a personas que participaron en los hechos de la colonia Candiles, donde perdió la vida uno de nuestros elementos de la Dirección de Investigación del Delito. A fin de cuentas éstos fueron consignados aquí en Querétaro”, explicó.
El arraigo es una figura jurídica del Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 133 bis. Consiste en detener al sospechoso y después investigar su culpabilidad o presunta inocencia.
Contra el arraigo
Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se pronunció en contra del arraigo y este mes, su titular Miguel Nava Alvarado, presentó una iniciativa para derogar esta medida.
Explicó que se trata de una figura que viola el artículo número 20 de la Constitución, donde se hace referencia la presunción de inocencia.
El titular de la CEDH refirió que en el artículo 14 de la Constitución, se prevé que nadie debe ser privado de la libertad si no es mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
El documento que hizo llegar al Congreso Local explica los motivos por los que el arraigo debe desaparecer del Código Penal e indica las substituciones que se deben hacer para que la ley no tenga huecos.
La procuraduría por su parte enviará sus consideraciones, en las que destaca que se debe mantener esta figura con sus candados para evitar abusos , respetando las decisiones de la legislatura.
Ambas dependencias han hecho saber su postura ante el Congreso para decidir si esta figura legal se modifica, se mantiene o se elimina.
Será el Congreso quien determine en los próximos meses el resultado de estas solicitudes por parte de ambas instancias.
