Más Información
El municipio de San Juan del Río sufrió el embargo de vehículos ante el desacato de pago de un laudo laboral emitido en agosto de este año equivalente a 320 mil pesos.
El laudo laboral se emitió a favor de Oscar Martínez quien trabajó en la presidencia durante el periodo de gobierno 2009-2012. Luego de interponer la demanda por despido injustificado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje notificó al municipio del fallo a favor del ex trabajador, para que se cumpliera con el pago de la indemnización; en su momento el gobierno presidido por Fabián Pineda Morales hizo caso omiso a esta petición, lo que resultó en el embargo a los vehículos que se llevó a cabo este martes en el patio de la presidencia municipal.
Oscar Martínez, ex trabajador que interpuso la demanda por despido injustificado, aseguró que fueron cuatro vehículos los que se embarcaron a la presidencia, sin embargo el secretario de Administración, Enrique Fernández, aclaró que sólo fue una unidad y que permanecerá en las instalaciones de la presidencia, pero no podrá ser utilizada para las actividades propias de la administración, en tanto no cumpla con la indemnización económica que demanda el ex trabajador o se llegue a un acuerdo con las autoridades.
De acuerdo con el secretario de Administración, fue el 16 de agosto cuando las autoridades municipales firmaron el convenio de pago y se comprometieron a entregar dos 320 mil pesos demandados a través de tres parcialidades, por lo que el funcionario aseguró que se debió etiquetar este recurso para cumplir con el laudo laboral.
Fernández de Cevallos consideró que de manera dolosa las autoridades del pasado periodo de gobierno desacataron el fallo del tribunal de conciliación y arbitraje para perjudicar a la presente administración.
Agregó que debido a que las autoridades pasadas no entregaron información completa sobre el número de convenios correspondientes a laudos laborales fue que el gobierno en turno no pudo realizar el pago de la primer parcialidad lo que derivó en el embargo de una de las unidades del parque vehicular de presidencia.
“De acuerdo con el convenio son 320 mil pesos los que se tenían que pagar y se había acordado que se cubrirían en tres parcialidades, esta situación es desconcertante porque existía un convenio desde la administración pasada para realizar el pago por lo que el incumplimiento nos afecta porque se viene a embargar a la nueva administración”.
Fernández de Cevallos reconoció que luego del embargo se llegó a un acuerdo para que el vehículo permaneciera al interior de la presidencia, sin embargo, confirmó que el automóvil no podrá ser empleado por personal de la presidencia.
El secretario de administración informó que se buscará un acuerdo con Oscar Martínez para definir la forma de pago para cumplir con el laudo laboral emitido desde el pasado periodo de gobierno.
