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El uso de transporte público es parte de la vida cotidiana de cualquier ciudadano que requiere llegar a su escuela, centro de trabajo, casa o sitio de recreación.
Estas actividades resultan prácticamente imposibles para las personas con discapacidad, que no cuentan con un servicio de transporte público digno que les permita cubrir sus necesidades básicas de movilidad a un costo “considerable”, de acuerdo con testimonios de Gustavo Montes y Ana Yolanda López Domínguez, miembros de la Escuela de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad, AC.
Cabe destacar que en la zona metropolitana operan dos tipos de transporte que atienden las necesidades de este sector social, uno por parte del patronato estatal del DIF, que ofrece el servicio a personas con discapacidad y de la tercera edad, sin embargo, estas cinco unidades, brindan el servicio prácticamente sólo a quienes tienen como destino el centro Plan Vida o el CRIT.
El otro de los sistemas de transporte que atiende a las personas con discapacidad, es el de los llamados “taxis rojos”, que cuentan con rampas especiales para que accedan personas en sillas de rueda y personal especializado en atención a ese sector, pero de acuerdo con López Domínguez, estos cobran hasta 20% más que las tarifas de taxis convencionales, lo que resulta costoso para una persona que difícilmente es económicamente activa.
En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL Querétaro conocimos las unidades del DIF estatal, las cuales son operadas por personal capacitado en atención a personas con discapacidad y atestiguamos cómo la infraestructura con la que cuentan podría ser adaptada a muchas de las unidades de trasporte público convencionales.
Estas rampas, dijo Ana Yolanda, tienen un costo aproximado a los 140 mil pesos, monto que, dijo, lamentablemente los concesionarios no están dispuestos a cubrir para no ver mermadas sus ganancias.
Sin embargo, aseguró López Domínguez, de este modo se ve violentado el derecho de movilidad de este sector, que la mayoría de las veces se limita a llevar una vida de encierro en su casa por no contar con los recursos para pagar un transporte especializado y porque, además, no existe un sistema de transporte público incluyente “real”.
Montes explicó que la asociación a la que pertenece solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, ser intermediario con la Dirección de Transporte estatal y concesionarios para que se obligue a éstos a equipar al menos 10% de las unidades de transporte público con la infraestructura que permita a cualquier ciudadano abordarlas, pese a usar silla de ruedas o contar con alguna incapacidad.
“En Querétaro, cerca de 10% de la población tiene alguna discapacidad y por ello solicitamos que al menos el mismo porcentaje de las unidades sean adaptadas”, indicó.
López Domínguez explicó que el centro de capacitación que dirige ha registrado una considerable disminución de afluencia, debido a las dificultades que sus alumnos encuentran para poder asistir.
“Lamentablemente, cuando una persona no tiene cómo trasladarse, ve arruinada su vida y se transforma en una carga, porque no puede ir a la escuela, no puede ir a su trabajo y no puede generar ingresos, por lo que tiene que ser mantenido por familiares. Lo que buscamos es que a través del transporte, las personas con discapacidad puedan ser más independientes y volverse económicamente activas, pero si no pueden llegar a sus diferentes destinos, estos es imposible”, indicó la activista.
Cualquier concesión emitida por alguna dependencia del estado, deberá contemplar políticas incluyentes de personas con discapacidad, aseguró el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, quien añadió que de no hacerse de esta manera, se estaría incurriendo en discriminación.
“Al menos en transporte público y permisos de construcción, la autoridad tendrá que ser incluyente en todo momento y si no se toma una política pública de inclusión, entonces no se tendrían que conceder los permisos de uso de suelo o funcionamiento”, indicó.
