Probablemente no haya discusión más importante en este momento que el futuro de la industria eléctrica. Esta propuesta de reforma constitucional presentada por el titular del Poder Ejecutivo tendría implicaciones negativas severas sobre la economía y el medio ambiente, en caso de aprobarse. En otros espacios ya he comentado las razones por las cuales me parece especialmente nociva para el futuro de las siguientes generaciones; esta vez me referiré a la alternativa que impulsaré como diputado federal de oposición.
El pasado 1 de abril, las tres fuerzas políticas de oposición (PAN, PRI y PRD), representadas en la Cámara de Diputados, anunciaron una contrapropuesta en materia energética compuesta por 12 puntos fundamentales para fortalecer la industria eléctrica nacional. A diferencia de la propuesta del Presidente, estos 12 puntos fueron elaborados a partir de un enfoque de derechos humanos y de fomento al desarrollo económico.
Entre los 12 puntos enlistados destacaré particularmente 4 que considero que concentran la intencionalidad de la propuesta. En primer lugar, proponemos que el acceso a la energía eléctrica sea considerado un derecho humano.
Consideramos que se debe reformar el artículo 4 de la Constitución federal para señalar que, además de ser un derecho humano, el suministro debe proporcionarse en forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible.
Adicionalmente, bajo la perspectiva de derechos humanos, consideramos que el Estado debe prever mecanismos para que el acceso a la energía eléctrica se realice con los costos más bajos y estables posibles.
Otro punto fundamental de la contrapropuesta es abordar la transición energética. El Estado debe conducirla con la participación del sector público, privado y social, y este debe ser un objetivo central del Estado en la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en la materia.
Por otra parte, en congruencia con nuestra defensa de los organismos constitucionalmente autónomos, consideramos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe gozar de autonomía constitucional para poder fortalecer su posición como órgano regulador del mercado. La Cofece ha sido un gran ejemplo de árbitro en materia de competencia económica gracias a su autonomía y esta es una buena práctica digna de replicarse en el sector energético.
Finalmente, cuidando el patrimonio de los mexicanos y de las futuras generaciones, proponemos que se establezca expresamente que el litio es propiedad del Estado, pero que su aprovechamiento siga las mismas reglas del petróleo.
Con ello confirmamos nuestra vocación de cuidar los recursos de las generaciones del porvenir, lo cual representa en esencia nuestra mayor vocación como partidos de oposición: apostar por tomar ahora las decisiones que marcarán nuestras vidas a largo plazo; apostar por el futuro.
