Como todo México sabe, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña, fue detenido el jueves pasado en Los Ángeles, California, acusado de proteger a una banda del narcotráfico a cambio de sobornos.
Van algunos comentarios sobre el tema:
De acuerdo al documento de encausamiento presentado por la fiscalía estadounidense, el general Cienfuegos habría tenido una relación de complicidad con la organización criminal de Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Eso significaría que un militar de altísimo rango, en el ápice de una larga y exitosa carrera, a menos de tres años del retiro y sin penurias en el horizonte (su pensión podría fácilmente complementarse con contratos y asesorías en el sector privado), habría decidido recibir sobornos de un narco de tercera. Para rematar, la comunicación entre el general y el delincuente habría sido directa, por un medio electrónico no encriptado. De ser cierto, resultaría sorprendente, como mínimo.
Cierta o no, la acusación obliga a reflexionar sobre los riesgos que implica el uso creciente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Tradicionalmente, la corrupción en el Ejército y la Marina ha sido menor —que en las corporaciones policiales por dos razones: 1) las características de la carrera militar (la seguridad en el empleo, el acceso a generosos beneficios sociales, la movilidad geográfica continua, etc.), y 2) una participación limitada en tareas de seguridad pública. Lo primero persiste, pero lo segundo ha ido desapareciendo aceleradamente desde 2006. Mientras más se involucren los militares en funciones propias de la policía, mayor será su vulnerabilidad ante la corrupción.
El caso Cienfuegos también abre una oportunidad para repensar las relaciones entre civiles y militares. A partir de los años 40, se gestó un arreglo implícito entre la clase política y las Fuerzas Armadas: los soldados dejarían de participar en política y los civiles no se entrometerían en asuntos militares. Ese equilibrio le sirvió al país durante varias décadas: nos libramos de la pesadilla de golpes de estado y dictaduras militares que asolaron a la mayoría de los países latinoamericanos. El costo ha sido tener muy débil control civil sobre el estamento militar. En la medida en que el rol de las Fuerzas Armadas se ha expandido, la fragilidad de los instrumentos de supervisión se ha hecho cada vez más patente. Y eso nos deja con pocos instrumentos para atender problemas de corrupción o violación de derechos humanos por parte de personal militar. Creo que es momento de revisar el arreglo vigente y avanzar en un proceso de fortalecimiento de control civil sobre las Fuerzas Armadas.
Más allá de la culpabilidad o inocencia del general Cienfuegos, hay un elemento en el caso que llama la atención: según el documento de encausamiento, el principal medio de prueba proviene de mensajes interceptados entre teléfonos Blackberry. Eso significa que agencias de inteligencia de Estados Unidos (la DEA, en este caso) realizan intervención de comunicaciones en México, a ciudadanos mexicanos, previsiblemente sin la autorización de las autoridades mexicanas. En términos de nuestro marco jurídico, eso es ilegal. Y significa que, al menos para estos temas, el gobierno de Estados Unidos nos da trato de potencia hostil. Como mínimo, eso nos debería llevar a revisar los términos de la cooperación con los vecinos.
En resumen, esperemos a ver las pruebas antes de hacer juicios categóricos sobre la responsabilidad del general Cienfuegos. Pero eso no nos impide atender los problemas que este tema revela.
