“Con las piernas abiertas como quien prepara una conquista, la mujer se encuentra en el surco del agua, en él presiente al barro buscando la vida…”

En estos días de activismo internacional, para eliminar la violencia de género en particular, ha llamado mi atención la violencia de la que no se habla por pena, por ignorancia o pudor: la violencia obstétrica, esa que se queda silenciada en las cuatro paredes del quirófano o de la sala de parto. La violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, que incluye los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva y se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y después del parto en los servicios de salud —públicos y privados—, y es producto de un problema en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género.

En Querétaro, y en nuestro país en general, como en medio mundo más, los partos no tienen madre. Las mujeres que van a dar a luz desaparecen en cuanto atraviesan la puerta del hospital. No son personas, son enfermas y sus opiniones sencillamente no cuentan.

El mes pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a José Antonio González Anaya por la muerte de una mujer embarazada en un hospital de San Juan del Río, quien llegó a dicha institución por la presencia de un sangrado; tuvieron que pasar 16 horas para que se le realizara un ultrasonido y de urgencia se le realizara una cesárea que se “complicó” y presentó una hemorragia que puso fin a su vida.

El parto está organizado en los hospitales públicos al servicio de los ginecólogos, del resto de profesionales de la medicina que intervienen y del sistema de salud. Se trata de que los partos sean rápidos, seguros y cómodos… para los facultativos, claro, no para las madres: cesáreas sin motivo, administración de hormonas para acelerar las contracciones, cortes vaginales y la peor posición para dar a luz, acostadas. Si para las mujeres todo esto es más difícil, doloroso, violento y humillante, da igual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los países que los nacimientos por cesárea no excedan el 15 por ciento del total, toda vez que estudios clínico-epidemiológicos consideran este porcentaje una aproximación al número de cesáreas que se requieren practicar por razones médicas. La media mundial es de 13.8%.

En México el 38% de los nacimientos se dan por cesárea, el doble de lo recomendado. Esto va a contracorriente de lo que marca la propia Norma Oficial Mexicana 007-SSA2-1993 al respecto: un máximo de 15 por ciento de cesáreas en hospitales públicos de segundo nivel y de 20 por ciento en los de tercer nivel. Hay más aún: México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial del uso de la práctica de cesáreas sin ser necesarias, aumentando en un 50.3% esta práctica en los últimos doce años, Según la Encuentra Nacional de Salud y Nutrición de 2012.

La violencia obstétrica se ha visto de forma natural entre el personal médico y obstétrico, así como en la sociedad, ya que la mayoría de las mujeres muchas veces prefieren olvidar las molestias y maltratos del parto y concentrarse en no complicar su estado emocional.

Es urgente por un lado concientizar a las mujeres en edad reproductiva de esta violación a sus derechos y a la vez es impostergable legislar en este sentido para garantizar que uno de los momentos más significativos en la vida de muchas mujeres se desarrolle en un ámbito armónico y de respeto a nuestros derechos humanos, permitiéndosenos así disfrutar de una de las mayores virtudes de ser mujer y que es: otorgar vida.

Oradora Nacional. Premio Estatal de la Juventud Querétaro 2013. @MadalyrmDavila