La mentira en política es una herramienta para manipular a la opinión pública, distorsionar hechos y promover agendas.

Bajo diversos argumentos, las mentiras han justificado guerras, minimizado crisis y permitido la represión de disidencias.

Desde el inicio del sexenio, el presidente de la República ha utilizado de manera sistemática lo que se ha denominado “afirmaciones no verdaderas”, para imponer su narrativa. Estas “afirmaciones”, claramente confrontables con la realidad, han transitado —cada vez con más frecuencia— en declaraciones francamente falsas; en mentiras tan burdas, que se evidencian por sí mismas. Para muestra, tres casos recientes.

Primera. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que únicamente serán despedidos mil 200 trabajadores del INE a partir de los ajustes a la ley reglamentaria. El dato es producto del cálculo rápido y claramente erróneo. De acuerdo con la reforma, desaparecen 4 plazas del servicio profesional electoral en cada uno de los 300 distritos, de ahí el número mágico de mil 200. Sin embargo, los amparos presentados dan cuenta del despido de 2,175 —de 2,571— integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Más aún, el funcionario omite mencionar que, para realizar sus actividades, esos funcionarios cuentan con el apoyo de equipos de trabajo que pueden ser más o menos grandes dependiendo de las condiciones y las complejidades que existen en las diversas entidades del país, lo que suma cerca de 5 mil trabajadores administrativos que no pertenecen al SPEN.

Segunda. El presidente ha insistido en que las y los consejeros electorales ganan más que él y que eso viola la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Esa ley, modificada durante este sexenio, efectivamente establece el tope mencionado, sin embargo, ante las impugnaciones presentadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha mostrado que no es lo mismo sueldo y/o salario que remuneración.  En este sentido, la remuneración del presidente de la República no es sólo su salario, se trata del único funcionario que recibe, además del salario, vivienda, alimentación, vestuario, transportación y un largo etcétera. Por ello, es claramente falso que el funcionariado electoral gane más que el presidente.

Tercera. El Plan B incluyó en sus artículos transitorios el cese del Secretario Ejecutivo del INE. Independientemente de las consideraciones políticas que se puedan tomar en cuenta, las leyes deben ser generales, objetivas e impersonales.

Este régimen transitorio permite suponer que esa norma tenía un claro destinatario. En el debate acerca de la separación del Secretario Ejecutivo tanto el presidente como su secretario de Gobernación afirmaron que el Secretario Ejecutivo del INE tenía 30 años colaborando con la autoridad electoral, lo cual es absolutamente falso. Edmundo Jacobo llegó a la institución en 2008, en tiempos del IFE; en 2014, cuando éste fue sustituido por el actual INE, fue electo para un encargo de 6 años y reelecto en 2020 para un segundo periodo como lo establecía la ley vigente en ese momento.

Se podrá argumentar que las mentiras de este gobierno son piadosas producto de cierta falta de información o incluso de flaquezas de la memoria, pero lo cierto es que son prácticas que degradan al oficio político y fundamentalmente, a su emisor, el jefe del Ejecutivo.

Twitter: @maeggleton

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