El fideicomiso es un instrumento para ejercer el gasto público. Pero no es el único instrumento para hacerlo, ni siquiera el más utilizado. No lo es por varias razones:

1. Fragmenta el gasto público. 2. Es un incentivo para el subejercicio. 3. Permite esconder recursos no ejercidos, hasta por años. 4. Se salta los ejercicios anuales de fiscalización y retrasa la detección de casos de corrupción. 5. Facilita la desviación del presupuesto a otros fines. 6. Implica gastos burocráticos adicionales. 7. Orilla a pagar más comisiones a los bancos que los administran. 8. Propicia el manejo discrecional de recursos. 9. Aumenta los niveles de inequidad en el destino de trasferencias a beneficiarios. 10. Ayuda a subsidiar negocios privados con recursos públicos.

Por eso hay una crítica a los fideicomisos; no de ahora, sino desde hace años; no sólo desde el gobierno, sino también desde organizaciones de la sociedad civil. La defensa de la proliferación de los fideicomisos expresa la vieja concepción neoliberal que trata de impedir que el Estado ejerza plenamente la potestad del gasto público para el desarrollo nacional.

¿Qué se hizo en la era neoliberal? Fragmentar y pulverizar el gasto en organismos autónomos, subrogaciones a particulares, transferencias a organizaciones y fideicomisos, entre múltiples formas de dispersión.

Por eso, decir ahora que desaparecer los fideicomisos es confiscar sus recursos, es confirmar esa visión privatizante. Se ven los recursos de los fideicomisos como si fueran una propiedad privada, como si no fueran recursos públicos.

Tampoco es cierto que con la desaparición de los fideicomisos se terminan los apoyos a los beneficiarios de programas así manejados. Lo que se termina es una forma de administrar esos apoyos.

¿Acaso se necesitan forzosamente fideicomisos para hacer transferencias a beneficiarios de programas? No. Por ejemplo, en la Ciudad de México, se entregaba una beca de bachillerato a través de un fideicomiso y ahora esa beca se entrega directamente desde la Secretaría de Educación Pública. El fideicomiso ya no se utiliza y los beneficiarios siguen recibiendo la beca.

Por eso, ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una gran responsabilidad, oportunidad y reto para hacer llegar directamente los recursos a ex braceros, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas, creadores culturales, cineastas, damnificados, científicos, deportistas, etc. Y el Poder Legislativo tendrá que vigilar que así suceda.