En esta semana se han suscitado un par de eventos en México que marcaron la historia del país: la aprobación por parte de legisladores para desaparecer 109 fideicomisos de instituciones de cine, arte, ciencia, derechos humanos, cultura y educación, entre otros; y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar como constitucional la consulta popular propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes. ¿Qué implicaciones tienen estos acontecimientos?
Con relación a lo primero, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados había aprobado una iniciativa de los legisladores de Morena para disolver 109 fideicomisos. La intención oficial, según se ha manifestado, es reasignar ese presupuesto a fortalecer el aparato de salud ante la pandemia de Covid-19 y financiar los programas sociales de la presente administración. ¿Tiene sentido este proceso para llegar a tal fin?
Los programas sociales han sido una política medular en la administración de López Obrador, de ahí que proyectos como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y los Bancos del Bienestar hayan gozado de un amplio presupuesto. No es mala la idea, de hecho, es un primer paso para poder mejorar las condiciones sociales del país. No obstante, algunos reportes, como el desarrollado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, indican que en varios casos los jóvenes no reciben el salario (o la beca) ya sea porque las empresas adscritas al programa les pagan menos de lo que deberían o porque se trata de empresas fantasma quienes reciben el recurso público sin hacer nada, algo así como lo sucedido en la Estafa Maestra.
Por ende, esto sugiere que las malas prácticas y la corrupción aún se han mantenido presentes. Pero ahí no radica el problema medular, sino en que la mayoría de los programas sociales se centran en otorgar apoyos, mas no en generar las condiciones para que las personas puedan autogestionarse y encaminarse a una movilidad social. Ahora, si la razón es redirigir los recursos de los fideicomisos para apoyos sociales derivados de los estragos de la pandemia, primero que nada, si se hubiesen tomado medidas desde que se supo el primer caso de Covid-19 en el país y no tres semanas después, los estragos habrían sido menos escandalosos y muy probablemente no habríamos llegado en estas fechas a ese “escenario catastrófico” señalado.
En segundo lugar, quitar gran parte del presupuesto de más de un centenar de instituciones que realizan una variedad de labores esenciales para el país carece de lógica. Se entiende la necesidad del momento, pero como gobierno se debe revisar exhaustivamente alternativas que no perjudiquen a la sociedad, algo que no sucedió porque fue lo más fácil de hacer, sobre todo considerando la inquietud que tiene Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, de complacer a López Obrador en medio de la contienda interna por la presidencia del partido-movimiento.
Ahora, con relación a los acontecido en la SCJN, parecía casi imposible que tal institución resolviera como constitucional la solicitud de la consulta popular de López Obrador. Los expertos en el tema aseguraban que era enteramente inconstitucional. Se votó por modificar la pregunta, sin embargo, ¿acaso reformularla cambiará el estado constitucional de la consulta? Si lo que es inconstitucional es la mera acción de la consulta, ¿cuál es la idea de tal argumento? Los expresidentes son ciudadanos y como tales hay que tratarlos. Si hay pruebas de delitos, que se proceda en consecuencia y se enjuicie, y no se pregunte si se procede o no, de lo contrario se interpreta como una medida propagandística de López Obrador ante “el pueblo”. Bien lo dijo el ministro Laynez Potisek “la justicia no se consulta”.
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