El Partido Encuentro Social está de regreso, ahora con el nombre de Partido Encuentro Solidario. Había perdido su registro como Partido Nacional, por Acuerdo del INE, al determinar que no alcanzó el 3% de la votación en las elecciones del 2018.

La decisión de la obtención del registro no se obtuvo por unanimidad sino en una votación dividida de 6 a 5 de los Consejeros del INE. Lo que estuvo en el centro de la discusión fue la laicidad del Estado mexicano y sus implicaciones. Los consejeros Córdova, Murayama, Uuc-kib, De la Cruz y Faz, tuvieron posturas a favor del Estado laico al comprobarse que el PES es una organización de grupos evangélicos que rebasan la línea de separación entre iglesia y Estado asumida como decisión del pueblo mexicano.

¿Cuál es la paradoja? Que un grupo se organice para reclamar derechos de representación política con base en sus creencias religiosas, a impulsar normas que nieguen derechos a otros grupos. Los más afectados: la población LGBT+, las infancias y, por supuesto, las mujeres.

Son representantes del PES quienes en los estados han estado impulsando el “pin parental” para evitar que niños y adolescentes tengan educación sexual en las escuelas, a pesar de problemas tan graves como el embarazo adolescente, la trata, la pederastia y otros que, en gran medida, se combaten con educación.

Cuando una iglesia, en vez de construir templos, funda partidos políticos y coloca por delante a la fe y no a la razón, las consecuencias pueden ser muy graves. Los ciudadanos mexicanos que profesan cualquier religión por supuesto que tienen derecho a participar en la política, lo que se cuestiona es si como corporación, con base en sus creencias religiosas y con dinero público, (40 millones para lo que resta del año) pueden impulsar una agenda contraria a la progresividad de los derechos humanos al buscar dejar relegada a la mujer, negar derechos de niñas, niños y adolescentes y de quienes tienen distintas orientaciones sexuales e identidad de género.

En el tema de los derechos humanos para todas las personas, los únicos referentes deben ser las normas jurídicas nacionales e internacionales que han servido como marco para garantizarlos.

La atención pública respecto a las decisiones del INE de la semana pasada se orientó más hacia los partidos que no obtuvieron el registro, pero la decisión con respecto de quien sí lo obtuvo es, por demás, relevante. Un voto podía haber hecho la diferencia.