El próximo 3 de julio, la LVII Legislatura del estado de Querétaro dará su primer informe de actividades. En esta ocasión los ojos no estarán, como ha ocurrido antes, en el formato y contenido del informe, sino en el informe anual en sí como información de carácter público.
Sumado a que el trabajo parlamentario y labor de representación deben permanecer abiertos al escrutinio de la población por su naturaleza, el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en Querétaro tiene la obligación, de acuerdo con el artículo 126 de su Ley Orgánica, de rendir formalmente, cada año, un informe sobre la actividad de la legislatura. En consecuencia —y sin darle más vueltas al asunto—, el informe de la legislatura local es información pública.
Lo anterior suena como una perogrullada, sin embargo, existe un detalle que cabe resaltar. Primero: es necesario puntualizar que la información es un bien intangible, algo abstracto, por lo que encuentra su materialización a través de los documentos y archivos que genera, administra y posee una determinada organización o institución. Es a través de los documentos como podemos ejercer nuestro derecho a obtener información pública, o sea, datos en poder de cualquier entidad del Estado.
Considerando lo anterior, resulta que el informe anual de la LVII Legislatura de Querétaro no es un documento como tal; es decir, no existe una versión (un soporte impreso o digital, por ejemplo) oficial sobre la actividad anual de los diputados locales, sino que al parecer la “única” manera de acceder al informe es mediante el Diario de los Debates del Poder Legislativo. Tengo certeza de lo anterior debido a que recientemente solicité los informes anuales desde el año 2000 al 2012, de los cuales solo algunos serán entregados como resultado de un resolutivo de la CEIG a un recurso de revisión que presenté.
Lo anterior es, a fin de cuentas, una obstrucción al derecho de acceso a la información pública (y representa prácticas contrarias a la transparencia) en el legislativo local derivado, en mi opinión, de procedimientos internos deficientes y una mala gestión de archivos por parte de la legislatura actual. Resulta extraño que algo que es – para el sujeto obligado en comento – una obligación legal como su informe anual de actividades, no obre en sus archivos como un documento oficial y su entrega sea posible solo a través de otro documento del cual debería ser totalmente independiente.
Por cierto, esa obligación legal no solo es para que la legislatura rinda informe cada año, sino que la ley de acceso de la información estipula que esos informes deben estar disponibles en la página de internet del legislativo.
Entonces, para empezar, el ciudadano debería disponer de esa información sin necesidad de tener que hacer una solicitud o una consulta en la sede legislativa. Por otra parte, vale la pena señalar que el último informe de la Legislatura anterior no será integrado en la respuesta a mi solicitud, aun y cuando ese informe estaba disponible todavía el año pasado en línea, por lo que la pregunta obligada sería: ¿qué hace la Legislatura con los archivos? ¿Por qué existe la posibilidad de que archivos digitales –como al parecer sucede con el informe del 2012– simplemente desaparezcan?
Como conclusión, solo queda abonar a la opacidad legislativa en Querétaro que, el hecho de que el informe no sea un documento como tal, indica la poca importancia que nuestro órgano de representación le otorga a uno de sus pocos (si no es que el único) mecanismo formal (aunque no efectivo) de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Politólogo
