16 / septiembre / 2021 | 11:04 hrs.

El combate a la corrupción

Jorge Chávez Presa

En México la corrupción es un problema grave que afecta seriamente el desarrollo nacional. Es de dos vías: hay un servidor público que a cambio de un beneficio permite que un particular obtenga una ventaja frente a los demás. Para mayor precisión, la Real Academia Española la define como: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

En México abundan las historias de corrupción tanto en el Gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, al igual que en sus organismos públicos. Ningún partido político se salva. Han llegado a cargos públicos por elecciones, y los corruptos siguen haciendo de las suyas. Tanto en poderes judiciales como legislativos y las administraciones públicas se han observado y se siguen presentando casos que, desafortunadamente, la mayoría de las veces quedan impunes.

¿Por qué sigue habiendo corrupción si el país ha avanzado en términos de democracia? Si ya dejamos atrás la presidencia imperial; si ya no tenemos el presidente de la República con mayorías absolutas y calificadas en el Congreso de la Unión; si la Suprema Corte de Justicia de la Nación es independiente; si hay Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, y se transformó la Contaduría Mayor de la Hacienda Pública en Auditoría Superior de la Federación; si hay más libertad de expresión en medios electrónicos y escritos, con redes sociales que también empiezan a jugar un papel para contener abusos o para convocar a manifestaciones; si primero se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para terminar posteriormente con el nombre de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y luego rebautizarla como Secretaría de la Función Pública; ¿por qué sigue campante la corrupción?

Las prácticas deshonestas del uso del poder del Estado a fin de cuentas someten al interés público para favorecer al interés de un particular. De ahí la importancia que tienen: la transparencia en el manejo de los recursos públicos; el uso de las facultades que por Ley se da a las autoridades, y la rendición de cuentas. Por cierto, la rendición de cuentas va más allá del cómo se ejerció el gasto público, y del cómo se cobraron los impuestos, los derechos, aprovechamientos y productos, o se contrató endeudamiento. La rendición de cuentas también comprende la aplicación de la Ley.

Por lo tanto cubre aspectos como el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, y el cumplimiento de las obligaciones que el marco jurídico establece a las autoridades que están en los tres órdenes de gobierno, poderes como legislativo y judicial y los órganos autónomos.

El problema definitivamente es complejo y para cerrarle el paso a la corrupción hay que avanzar en cuando menos tres aspectos simultáneamente. Uno, más y mejores mecanismos de transparencia efectiva y oportuna así como de rendición de cuentas.

Dos, mejores marcos jurídicos que abarcan desde la planeación gubernamental hasta las adquisiciones y obra pública, contratación de personal; otorgamiento de concesiones y autorizaciones, así como en la procuración y administración de la justicia. Mejores reglas y menos discrecionalidad, y cuando se ejerza esta última una rendición de cuentas exhaustiva para mostrar que se usaron facultades discrecionales a favor del interés público. Y tres, mejores organizaciones que hagan cumplir la Ley y persigan hasta sus últimas consecuencias a quienes la infringen, esto es, acabar con la impunidad.

De crearse la Comisión Nacional Anticorrupción, que requiere cambios constitucionales para que su ámbito de competencia incluya a los asuntos federales, estatales y municipales, así como de todos los poderes y órganos autónomos, se dará sólo un pequeño paso. Corre el gran riesgo de sumarse a la práctica de cambiar nombres.

Pese a la autonomía que se propone dar a esta nueva instancia conducida por un cuerpo colegiado de cinco comisionados, el país demanda fiscalías verdaderamente autónomas de la influencia del presidente de la República y de los gobernadores. Si la corrupción avanza a falta de castigo, es aquí donde hay que profundizar.

Economista

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