Hace unos días diversos medios dieron cuenta de la violencia ejercida por policías de León, Guanajuato durante una manifestación por el abuso sexual sufrido por una joven. Veintidos mujeres, entre ellas periodistas y activistas, interpusieron denuncias por los delitos de tortura, agresiones sexuales y brutalidad policial en contra de elementos de seguridad pública de ese municipio.

A finales de julio, en Puerto Vallarta fue revelada una larga serie de irregularidades por parte de autoridades de ese municipio, del gobierno del estado, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Jalisco en el procedimiento que se sigue en contra de un funcionario de la policía municipal por el abuso sexual de una niña de 10 años.

En Agosto de 2019 una joven de 17 años denunció haber sido violada por cuatro policías de la Ciudad de México, sin embargo decidió no continuar con el procedimiento debido a la filtración a medios de comunicación de sus datos personales y los de su familia. La filtración de su información, que la puso en un grave riesgo, nunca fue castigada.

El 28 de Noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano en el “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México” por la violación y agresiones sexuales sufridas por once mujeres a manos de policías del Estado de México y de la Policía Federal Preventiva tras ser detenidas durante una manifestación. Esta no es la única sentencia. El Estado Mexicano ha sido señalado en varias ocasiones por graves violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas a manos de elementos policíacos y de miembros del ejercito que cumplen con la función de patrullar, contrario a la vocación de las fuerzas castrenses, las calles de México.

A pesar de estas sentencias encubrir a policías, ministerios públicos y soldados acusados de agresiones sexuales sigue siendo la norma de un sistema corrupto al que se han “destinado” millones de pesos, en la más absoluta opacidad, para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Esto no ha detenido las filtraciones de información personal para intimidar a las víctimas ni ha impedido la liberación de agresores, por jueces corruptos e incompetentes, que ha culminado en feminicidio, como ocurrió en el caso de Abril Pérez en noviembre de 2019.

La omisión de las autoridades de los tres poderes y órdenes de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia ha elevado las cifras de mujeres asesinadas y violadas en México de manera importante sin que los números impacten en los responsables de hacer políticas públicas.

La atención selectiva y el uso político de los casos de violencia contra mujeres y niñas por parte de las autoridades para proteger a sus amigos o golpear a sus enemigos es el pan de cada día un sistema que se rige por la impunidad.

Todo eso es corrupción, aunque ningún “pez gordo” salga en un video.