La noche de este viernes el diputado federal de Morena Jorge Luis Montes Nieves, fue detenido por elementos de la Policía Estatal (PE) en un juzgado cívico del municipio de Ezequiel Montes. De acuerdo con los reportes y el video publicado por el legislador, aseguró haber sido sometido de forma violenta y esposado, a pesar de que el político queretano se identificó como diputado federal y de que se le asistía el beneficio de su fuero en tal circunstancia. A este hecho se le pueden dar varias lecturas y conectar con otras acciones y acontecimientos. ¿Cuáles son y qué se puede comentar al respecto?
Al acudir a un juzgado civil de Ezequiel Montes para conocer la situación legal de dos ciudadanos que habían sido detenidos en el municipio, el legislador fue sometido y detenido. Esto último cobra importancia porque atentó contra el hecho de que los diputados y senadores del Congreso de la Unión gozan de una “inmunidad parlamentaria” para salvaguardarlos de acusaciones sin fundamento y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. No es excluir de responsabilidad en caso de un delito, sino “un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional”, según estudios del fuero constitucional.
Ahora, este acontecimiento tiene varias implicaciones y lecturas. Una de ellas es que, como lo asegura el legislador Montes Nieves, se identificó como diputado federal ante los elementos de la PE antes de que escalara la situación y se llegara al sometimiento violento y detención que relata. Esto significa que la reacción de la policía fue ya sea por desconocimiento del marco legal o por abuso del mismo. En cualquiera de los dos escenarios, esto habla acerca de una institución que no funciona de forma adecuada, pues si no se tiene el conocimiento de las formas de proceder ante tal situación, o si a pesar de conocerlas, se exceden, no se garantiza una parte significativa del objetivo y mera existencia de las fuerzas de seguridad del Estado, cuya misión es proteger a la sociedad. En este caso descrito, no se obtuvo.
La denuncia del diputado federal por Morena a través de redes sociales fue crucial para su liberación y necesaria para hacer notar de una forma más evidente a funcionarios y políticos que las detenciones ilegales suceden. La liberación de Montes Nieves fue rápida y qué bueno que fue así porque no parece haber habido justificación para su detención. Pero ahí no queda esta lección, es decir, esto debe abarcar a toda la sociedad. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos —“los mortales”— sufren detenciones ilegales? ¿Quién los protege? ¿Qué tan rápido se opera para proceder a su liberación? No en general, desde luego, pero existen a veces conductas inapropiadas y retadoras por parte de las autoridades policiales que obnubilan su correcto procedimiento, por una parte, y por otra, que pueden conducir a la corrupción a través, por ejemplo, del chantaje o la “mordida”.
Esta detención ilegal nos hace pensar en varios escenarios y de nuevo repensar en las medidas de seguridad enfatizadas por el gobierno estatal, hace un par de semanas, en el marco del periodo de contingencia. Tales fueron bautizadas por la sociedad como “Ley Garrote” debido a la serie de acciones de represión y de detenciones de manera arbitraria que permiten realizar bajo el supuesto de guardar el orden en la sociedad durante esta pandemia, aunque desde luego se puede vislumbrar otras intenciones. No obstante, el punto aquí es que no se debe otorgar facultades tan sensibles y severas a una institución de seguridad que, sin exagerar y generalizar, puede cometer errores garrafales en cuestión de detenciones, como se evidenció el pasado viernes incluso habiéndose alertado del fuero. Si no hay garantía de una labor correcta y transparente, ¿para qué engrosar las facultades de los elementos de seguridad del Estado?
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