Esta semana, específicamente el pasado miércoles, aterrizó, en México y tras 19 meses fuera del país para ser vendido, el avión presidencial.

El Boeing 787 Dreamliner no se vendió.

La estancia del TP-01, también conocido como José María Morelos y Pavón, tuvo un costo, según información oficial del Gobierno de la República, de 47 millones de pesos que pagamos todos los mexicanos.

Además, la aeronave reporta un deudo del Gobierno Federal al Banco Nacional de Obras (Banobras) por 2 mil 45 millones pesos, de acuerdo al plan de pagos.

Según información oficial, en el año 2012, el Gobierno Federal pagó 2 mil 952 millones de pesos por el Boeing 787 Dreamliner, mil 688 millones fueron usados para la compra directa de la aeronave y lo demás, mil 264 millones de pesos se usaron para pagar el equipamiento, las adecuaciones y las certificaciones.

Pero más allá del costo de la aeronave, centrémonos en lo que nos costó a los mexicanos, a usted estimado lector, lectora, mantener varado por un año y 7 meses, y a la intemperie, el avión que no lo tenía ni Obama, [costó] 47 millones de pesos.

¿Se imagina para cuántas cosas alcanzarían esos 47 millones de pesos en este país? Yo sí y aquí le dejo algunas cosas que se podrían hacer con ese dinero que terminó en la basura.

Con esto de la pandemia, con esos 47 millones de pesos, se pudieron haber adquirido al menos 178 respiradores mecánicos para pacientes con complicaciones respiratorias, a un precio de entre 16 mil y 21 mil dólares, no los que vende el hijo de Manuel Bartlett, no, de los buenos.

Con esos 47 millones de pesos, el gobierno federal pudo haber pagado entre 117 y 188 tratamientos integrales a igual número de niños con cáncer infantil.

O bien podría haber adquirido medicamentos especializados para el cáncer infantil, como, por ejemplo, 117 mil 500 dosis de metrotexatro inyectable, una caja con frasco ámpula de 20 mililitros que en el mercado cuesta entre 250 y 400 pesos.

Ahora, si se hubieran decidido por gastarse esos 47 millones de pesos en la compra de vincristina que tiene un costo en el mercado de 900 pesos la caja con tratamiento para dos semanas, bien podrían haber adquirido nada más 52 mil cajas, sólo por mencionar un ejemplo.

Ahora bien, la administración de la ‘austeridad republicana’, en un ataque de iluminación pudo haber pensado en otro tipo de tratamientos contra el cáncer y pudo haber garantizado, con esos 47 millones de pesos, 470 quimioterapias, o 3 mil 133 radioterapias.

Con esos 47 millones de pesos, también se pudieron cubrir 630 tratamientos anuales de cáncer de mama; ¿se imagina a 630 mujeres con este problema que ven resuelta la dificultad económica por un año?

Y un último botón de muestra, con esos 47 millones de pesos el recorte presupuestal al Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), no hubiera sido del 75%, sino sólo del 52. Digo.

El último párrafo. La carga de la prueba. Dicen los abogados que el que acusa tiene la obligación de probar. En el caso Lozoya, hay una serie de acusaciones muuuy serias, pero no debemos perder de vista que los acusados no tienen que demostrar su inocencia, son sus acusadores, quienes tienen la obligación de probar su culpabilidad. Les digo.

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