En el proceso contra Juan Collado se vulneró la secrecía que debió regir, pues la investigación se dio a conocer de forma inmediata a los medios, lo que infringe tanto el derecho del implicado como al proceso mismo, estimó Calixto de Santiago Silva, expresidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro.
“Hay una primera violación al debido proceso, que es la secrecía que debe de haber en las investigaciones, en todo sentido. No es posible que después de girar una orden de aprehensión, a la media hora esté en redes sociales, esto es imposible en un sistema acusatorio adversarial… y menos en la federación”.
A las filtraciones desde la Fiscalía General de la República se suma lo que declaró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto a que información que circuló en redes sociales no corresponde a las indagatorias que realiza el área a su cargo, y que se iniciarían acciones jurídicas y legales por las filtraciones.
De Santiago Silva remarcó que cualquier investigación debe regirse por el principio de secrecía, por el bien del propio sistema democrático de justicia, así como por el de la persona implicada. A eso se suma que es hasta que concluye el proceso que se puede hablar de culpabilidad.
Las filtraciones mediáticas bajo las cuáles se rige el proceso Collado podrían hacer de este un caso como el de Florence Cassez, sostuvo el legista, quien también cuestionó el tiempo que transcurrió para llevar a proceso una situación que ocurrió en 2010.
Puso en tela de juicio la posibilidad de que las acusaciones trasciendan, derivado de ese tiempo transcurrido desde las supuestas irregularidades.
“Lo que sí salió a decir muy bien la Unidad de Inteligencia Financiera es que la no culpabilidad del señor gobernador, y del senador Mauricio Kuri, es lo más importante que debió haber hecho desde el principio, y creo que están metiendo nombres que no corresponden, en ningún sentido, en la manifestación de una persona que no tienen nada que ver con tema de lavado de dinero”.
En otro orden de ideas, consideró que quienes tienen su dinero dentro de Caja Libertad deben estar tranquilos, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con disposiciones suficientes para garantizar el cuidado de los ahorros.
“Creo que es, exclusivamente, un tema de una operación sobre un bien inmueble. Al final de cuentas, data del año 2010, por lo que dice la información que está filtrada (…) en redes sociales, y ese delito (…) de 2010 es muy difícil que ahora, en el 2019, nueve años después, pueda haber una persecución de un delito (…) no sabría decirle [si ya expiró]”, mencionó.
