El tema jurídico de la huelga de la Corporación Lanas Merino, que en abril pasado cumplió siete años en activo, concluyó en favor de los trabajadores; sin embargo, éstos no han aceptado la indemnización ofrecida por el remate de la maquinaria que fue embargada para el pago de este conflicto.

De acuerdo con el director jurídico de la delegación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gaspar Trueba Moncada, el 16 de marzo de 2010, se dio la primera sentencia en favor de los colaboradores por una indemnización de 16 millones por finiquitar la relación laboral, pero los problemas se extendieron debido a las diversas impugnaciones.

Actualmente, la suma de indemnización a los 145 trabajadores afectados es por más de 40 millones 368 mil pesos, cifra que según Trueba, no están dispuestos a negociar.

En la primera moneda de remate que se hizo para la venta de los bienes y pago a los trabajadores afectados era por 18 millones de pesos; no obstante, los trabajadores en paso decidieron no aceptar la oferta.

Se han realizado tres remates y se tiene programado el cuarto para el próximo 4 de noviembre, pero el monto que se podría obtener por la venta de la maquinaría oscila los 11 millones de pesos, debido a la devaluación que han sufrido.

El director Jurídico precisó que los colaboradores en paro de labores, desde el 10 de abril de 2007, piden que se embargue el predio donde se ubicaba la empresa del ramo textil, esto no es posible, debido a que el terreno no es propiedad de quien en el momento del estallamiento de huelga fungía como patrón y quien en los registros aparece bajo el nombre de Mordjay Kletzel.

Antecedentes. La huelga estalló debido a que el empleador cometió irregularidades sobre los contratos colectivos, entre las que destacaban el cese o disminución del salario, no pagar las cuotas de vivienda, así como aportar las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante ésta última, el inconforme aseguró que en ocasiones se les negó el servicio médico debido a que no estaban dados de alta ente el IMSS.

El conflicto inició el 10 de abril de 2007 debido al incumplimiento de contrato por parte del patrón. Según las querellas de los trabajadores, éste no pagaba las cuotas ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

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