El refugio para mujeres víctimas de violencia extrema atiende en promedio a 150 personas al año, advirtió Daniela Correa Ruiz, directora de Instituto Queretano de la Mujer (IQM), quien indicó que entre 72% y 75% de aquellas que experimentan violencia doméstica deciden no regresar con sus agresores.
De acuerdo con la titular del IQM, el refugio para víctimas de violencia —cuya ubicación es confidencial con el objetivo de preservar la vida de las inquilinas— atiende actualmente a 10 personas provenientes de todo el estado que han experimentado situaciones que han puesto en riesgo su vida.
“(En) los casos específicos de estas mujeres, la violencia física es tal, que estos mecanismos de protección ya no funcionan y la única forma de resguardar su integridad es retirarlas del domicilio. Tenemos un porcentaje de 72% y 75% que concluyen estos procesos que ya no regresan con el agresor y dentro del margen de 25%, tenemos mujeres que sí regresan con el agresor, o que ya no tenemos contacto con ellas y no sabemos cuál es el desenlace”, explicó.
Refirió que alrededor de 90% de las personas que ingresan al refugio, mantienen un procedimiento judicial por el nivel de violencia en el que se han visto expuestas, no obstante, quienes habitan en este espacio viven experiencias donde los agresores no respetan las medidas cautelares ni las órdenes de restricción de las autoridades; por lo que la única instancia posible para salvaguardar su integridad es un refugio alejado de sus domicilios.
Aunque todas las mujeres que ingresan al refugio cuentan con procedimientos penales por la situación de violencia que experimentan, Correa admitió que no todas deciden iniciar los procesos jurídicos administrativos contra sus agresores, como el divorcio y la patria potestad.
Correa Ruiz recalcó que los servicios del instituto son voluntarios, por lo que la decisión de iniciar litigios en contra de los agresores depende de las víctimas.
“Hay algunas que deciden no hacerlo y también otras en el transcurso de sus procesos, van adquiriendo el empoderamiento de sus decisiones jurídicas para ellas y para sus hijos. Lo que hacemos es obviamente de entrada, son las medidas relacionadas con custodia, para que ellas tengan la custodia de sus hijos e hijas y a raíz de eso, ellas toman la decisión de sus procesos legales”, agregó.
El tiempo de estancia en el refugio es de tres meses por la disipación legal, en donde las autoridades brindan atención psicológica y jurídica, así como servicios educativos con validez oficial tanto para las mujeres como para sus hijos menores de edad, con la intención de evitar la interrupción de sus estudios.
Además se otorgan programas de capacitación y vinculación con instancias laborales para que al salir, puedan tener un lugar dónde vivir.
“Generalmente hay abuso de todo tipo. Lo que las pone en riesgo de perder la vida es la violencia física, pero se ven involucrados otros tipos de agresiones económica, patrimonial, psicológica, sexual y en muchas ocasiones, también en contra de las niñas y los niños. Entonces el servicio que se brinda en el refugio es justamente un servicio integral que considera el bienestar de toda la familia”, puntualizó Correa.
