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Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Querétaro, dijo que existen lineamientos para que los reos reciban respaldo en caso de que alguno de sus derechos se vulnere, esto luego de que el censo del Inegi a Centros de Readaptación Social colocó a Querétaro en el cuarto lugar nacional en agresiones contra los internos.
Argumentó que el sistema de ejecución de penas contempla que los reos puedan solicitar la intervención de algún juez para que protejan sus derechos cuando reciban agresiones por parte del personal administrativo.
El censo se aplicó de julio del 2020 a julio del 2021 dentro de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; entre los elementos se encontró que el 46.5 % de los reos dijo haber sufrido al menos un delito dentro de los Centros de Readaptación y 22.7 % que fue víctima de algún acto de corrupción.
Ponce Villa argumentó que existe oportunidad para que cualquier reo denuncie las agresiones de las que puede llegar a ser víctima, información que se encuentra debidamente difundida entre quienes se encuentran privados de su libertad.
El sistema de ejecución da oportunidad a los jueces de intervención para que actúen ante cualquier vulneración en los derechos humanos de la población penitenciaria.
“En el sistema de ejecución de penas ya tenemos una ley especializada que se aplica, antes no existía, es una ley general, una ley nacional; también el poder judicial ya conoce de los procesos, de las personas privadas de su libertad (PPL), si se violenta algún derecho por parte de las autoridades administrativas del Centro Penitenciario.
“Ellos tienen acciones para recurrir ante los jueces de ejecución, que pertenecen al poder judicial, y revisar, saber qué es lo que pasó, dar las indicaciones a las autoridades penitenciarias, que cesen los efectos de un determinado acto”, sostuvo.
