El municipio de Corregidora se declaró en suspensión de pagos de los adeudos heredados por la pasada administración municipal que suman cerca de 100 millones de pesos.

El presidente municipal Antonio Zapata Guerrero dijo que este boquete financiero de 100 millones de pesos que dejó la pasada administración engloba, entre otras cosas, algunas obras de bacheo que habían ejecutado por un monto de 7 millones de pesos, pago a proveedores, a la clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); gastos en medicinas, el pasivo fiscal y una demanda con un particular de 27 millones de pesos; así como los pasivos laborales.

Zapata Guerrero explicó que los recursos que se tienen para cerrar el año, son los que han venido generando en la presente gestión.

“Estamos muy justos para pagar aguinaldos y resolver nuestros compromisos, lo vamos a resolver con los recursos que hemos captando. De lo que nos dejó la pasada administración tendremos que platicar ya con el Congreso para que a partir de enero podamos acceder a un empréstito de alrededor de 100 millones de pesos y poder pagar”, mencionó.

El alcalde manifestó que contemplan interponer una segunda denuncia penal, por dos máquinas, una de ellas un trascabo, que la administración pasada dio por desaparecidas y hoy se tiene conocimiento de que estás se encuentran en el relleno sanitario de “El Paraíso”, el cual es operado por el Grupo Empresarial Corregidora S. A. de C. V. (Gremcsa).

“Es otra demanda que se va a presentar contra quien resulte responsable, por dos máquinas que cuestan más de 300 mil dólares y que nos dicen que están en el relleno sanitario. Cuando nos reportaron que no estaban, nosotros lo hicimos notar en las observaciones. Al parecer se las dieron por el adeudo que tenían con ellos de 2 millones de pesos”, detalló el edil.

En este sentido, dijo que si el municipio dio como garantía estas máquinas a razón de su deuda, éste no tiene las facultades para realizar este tipo de acuerdos. Además, el que tiene las máquinas y las está usando tendría que pagar un arrendamiento al municipio por ello.

“Lo que se dio en garantía superó con mucho el monto de la deuda, pero con mucho, por lo que esta demanda seria ante las instancia estatales, la Procuraduría General de Justicia (PGJ)”, reiteró el edil.

El gobierno municipal también contempla sanciones administrativas a ex funcionarios por la deuda por 6 millones de pesos que se tiene con la clínica de la UAQ, a la cual no le pagó los servicios que ofrecía a los trabajadores por más de un año.

“La UAQ nos está haciendo el favor de apoyarnos para pagarles lo que veníamos consumiendo. Sin embargo sería una sanción administrativa (a ex funcionarios) y al menos que la UAQ nos cobrara intereses por la deuda, entonces sí sería una denuncia por daño patrimonial”, dijo.

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