El trabajo del Poder Legislativo de Querétaro, durante el 2016 se caracterizó por las diversas reformas que se trabajaron en coordinación con el Poder Ejecutivo de Querétaro, principalmente en temas referentes a la seguridad, como las adecuaciones legales para el Nuevo Sistema de Justicia Penal; además de la rendición de cuentas, mediante el Sistema Estatal Anticorrupción, aunado a la eliminación del fuero constitucional.

Tras cerca de 15 meses de administración, y de acuerdo con la información pública que brinda la 58 Legislatura —actualizada hasta el 31 de octubre— las diversas fuerzas políticas del estado han presentado 134 iniciativas de ley. Las bancadas del PAN y el PRI son quienes más han presentado, con 50 cada partido. Mientras que la fracción del PRD cuenta con 12; Nueva Alianza 11; el PVE seis y Morena, quien menos ha presentado, con cinco.

Proyecto Cosmos

Así se denominó a la propuesta presentada por la Secretaría de Gobierno del estado, para poner en marcha el Sistema de Justicia Penal Adversarial. Para ello, era necesario reformar la Constitución local del estado, para homologar los criterios que se mandatan en la Constitución Federal; además de además de 115 reformas a diversas leyes, de las cuales por lo menos 90 son reformas administrativas y 17 reformas sustantivas y adjetivas.

Entre las leyes secundarias que se han implementado desde ese momento están la desaparición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para dar paso a la Fiscalía General del Estado; además que se han creado la Ley de Fiscalía General del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad, la Ley de la Defensoría Penal Pública y la Ley del Poder Judicial del Estado.

También se han hecho reformas que se presentaron como “de gran calado”, como la Ley General de Víctimas y la Ley de protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal de Querétaro, además de conferir nuevas responsabilidades al Estado como una representación estatal de víctimas.

Sistema Estatal Anticorrupción

Recientemente se inició con la creación de este mecanismo, presentado por las bancadas del PRI, PAN y PRD. Para esta normatividad también se tuvieron que reformar diversos artículos de la Constitución del estado, para generar las bases jurídicas para la integración, atribuciones y funcionamiento de dicho sistema.

Aunque hasta el momento sólo se ha dado el primer paso de esta normatividad, pues no se han presentado las leyes complementarias, esta normatividad tiene como objetivo instaurar un nuevo régimen de combate a la corrupción y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que establece distinciones entre faltas graves y no graves; y la obligación constitucional de los servidores públicos para presentar su 3de3.

Para la adecuada ejecución de este sistema se debe contar con un Tribunal de Justicia Administrativa, así como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, para los cuales ya se sentaron las bases, pero será en 2017 cuando se hagan las modificaciones pormenorizadas.

Juicio de procedencia

Otra de las reformas a la Constitución Política del estado de Querétaro fue la propuesta por los diputados Héctor Iván Magaña y Eric Salas González, para eliminar el juicio de procedencia, mejor conocido como “fuero”, que defendía a los servidores públicos de un proceso legal, como los que enfrentan los ciudadanos al cometer algún delito.

Con esta reforma el artículo 38 de la Constitución local indica que: “La comisión de delitos, por parte de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Para proceder por delitos del orden común en contra de éstos no se requiere declaración de procedencia por la Legislatura del Estado”.

Con esta medida, la entidad se convirtió en el segundo estado en eliminar dicho privilegio a los políticos, después de Jalisco. Todas las reformas constitucionales deben pasar a los municipios, y en este caso Tequisquiapan votó para que no se quitara tal beneficio que se había tenido por parte de los funcionarios.

Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos

En enero, el pleno de la 58 Legislatura del estado de Querétaro aprobó por unanimidad la creación de esta normatividad, con la que se busca homologar el sistema jurídico local, con el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta nueva reglamentación, propuesta por el Poder Ejecutivo del estado, prevé que los servidores públicos que con conocimiento de causa hagan mal uso de los recursos públicos, serán acreedores a una sanción administrativa.

Ley Transparencia y Rendición de Cuentas

Esta nueva normatividad fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, a fin de homologar los criterios con la ley nacional; además de presentar la convocatoria para los nuevos comisionados que se integrarán a la Comisión Estatal de Acceso a la Información.

Luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) inició un proceso de inconstitucionalidad contra la reglamentación local en la materia, el Poder Ejecutivo, mediante el gobernador del estado y el Poder Legislativo, presentaron la iniciativa de ley que homologa los criterios con la ley nacional, que fue respaldada por unanimidad del Poder Legislativo.

Pederastas

Dentro de las reformas que se tuvieron en materia de seguridad, está la reforma al Código Penal y Código de Procedimientos Civiles del estado de Querétaro, a fin de endurecer las penas en contra de quienes cometan actos de pederastia, o abusos deshonestos en contra de menores de edad. Esto luego de una serie de eventos que se registraron en la entidad.

La propuesta fue presentada por el diputado Luis Antonio Rangel Méndez, quien en su momento destacó que antes este tipo de delitos eran castigados con multas máximas de 3 meses y 20 mil pesos, por lo que el agresor podía salir bajo fianza; ahora la intención es que estas personas no puedan salir fácilmente en libertad.

Ley de Movilidad

Esta normatividad trabajada en coordinación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se aprobó en abril, la cual tuvo como objetivo hacer las adecuaciones legales para que empresas de taxis ejecutivos pudieran operar bajo una reglamentación, además de que deberán tener igualdad de condiciones que los taxis tradicionales.

Asimismo, este articulado establece las bases para la operación del transporte colectivo, mediante troncales. Mismas que apenas se empiezan a construir en la capital queretana.

Además se perfeccionó la redacción de uno de los artículos donde se establece la obligación del Instituto Queretano del Transporte para vigilar el uso de combustibles contaminantes y se le agregó la palabra “incentivar”, en los diferentes tipos de transporte público. Aunado a que se autorizó que haya dos verificaciones al año, para todos los vehículos en la entidad.

Iniciativas sin atender

Dentro de la estadística legislativa que dejó este año, la página oficial de la 58 Legislatura destaca que han sido aprobadas 56 iniciativas de ley; poco más de 200 decretos, principalmente por jubilaciones a servidores públicos; así como 35 acuerdos, entre los que se destacan los exhortos enviados tanto al Congreso de la Unión, como a los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo local.

Por lo tanto, dentro de las iniciativas presentadas también hay proyectos de ley rechazados, unificados con otros, o que no han sido atendidos. En este rubro figuran:

Matrimonios igualitarios

La reforma al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del estado, propuesta por el diputado Carlos Sánchez Tapia, coordinador de la fracción legislativa del PRD, busca que las personas de preferencias sexuales distinta a la heterosexual puedan contraer matrimonio en todos los municipios de Querétaro, sin embargo, no ha sido atendida por parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Hoy sólo la capital del estado ha permitido el matrimonio de homosexuales. Los detractores de esta iniciativa señalan que no puede denominarse “matrimonio” a la unión de dos personas del mismo sexo. En una manifestación en contra de los matrimonios igualitarios en todo el país, realizada en Querétaro, se contó con la participación de los diputados panistas: Carmen Zúñiga y Juan Luis Íñiguez Hernández, quienes a la postre fueron acusados de incentivar la violación de los derechos humanos.

Corridas de toros

Mediante una reforma al Código Penal del estado, el diputado Eric Salas González (PAN), en coordinación de la asociación civil Animal Héroes, buscaban prohibir el acceso de menores a las corridas de toros y peleas de gallos, por considerar que se podría generar una afectación al sano desarrollo de los niños, lo que derivaría en que se convirtieran en personas violentas.

Esta es una de las iniciativas que siguen en pie, sin embargo, dejó de ser promovida por el propio autor luego de que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, aseguró que estaba en contra de dicha propuesta por ser “pro taurino”.

Ley de Protección y Bienestar Animal

Apoyada por un grupo de especialistas, la diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas (PAN), presentó una reforma para esta ley, sin embargo, las diversas asociaciones en favor de los animales se han manifestado en su contra, principalmente por considerar que es un medida recaudatoria y no busca defender a las mascotas.

En su defensa, la legisladora queretana ha manifestado que llevará a cabo mesas de trabajo con los inconformes para escuchar todos los puntos de vista, sin embargo, estos especialistas recriminan que cuando los invita a reuniones la panista no participa.

Código de Ética

Desde inicios de 2016 la diputada Antonieta Puebla (PRI) hizo la propuesta de crear un Código de Ética para el Poder Legislativo, que guiaría la forma de actuar de los diputados dentro y fuera del Congreso, sin embargo, esta propuesta está detenida en la comisión de Gobernación y Asuntos Electorales, que preside la diputada Carmen Zúñiga (PAN).

Colegiaturas

Diversos diputados como Herlinda Vázque Munguía (Morena), María Alemán Muñoz Castillo (Panal) y Mauricio Ortiz Proal (PRI) presentaron —por separado— diversas reformas a la Ley de Educación del Estado, a fin de eliminar las cuotas obligatorias en las escuelas; así como topar las tarifas de las escuelas privadas. Hasta ahora no ha sido atendida en comisiones.

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