Por primera vez, el estado de Querétaro contará con un Código de Ética, que tendrá vinculación directa con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para aplicar sanciones en caso de que su conducta no se apegue a las directrices marcadas e incurran en alguna falta dentro del marco de sus obligaciones, informó el secretario de la Contraloría, Alejandro López Franco.

“El Código de Ética ya lo enviamos para su autorización. Va a ser el primero que va a haber en el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, nunca hemos tenido uno como tal. Al estar relacionado con la Ley de Responsabilidades, nos va a dar la oportunidad de establecer sanciones cuando existen conductas que no aceptadas”, dijo.

El funcionario estatal detalló que el Código de Ética establece las normas y principios básicos de conducta a las que deberá quedar sujeta la actuación de todos los servidores públicos, sin importar su dependencia, cargo o nivel.

“Establece las normas mínimas de conducta conforme a las cuales se deben conducir los servidores públicos, es para todos los funcionarios, no hay excepciones”, indicó.

Manifestó que los servidores públicos tendrán la obligación de conocerlo, además, cualquier ciudadano podrá tener acceso a él, a través del Portal de Transparencia, y con ello poder exigir un actuar responsable y adecuado por parte de los funcionarios gubernamentales.

“Le vamos a permitir conocer a la ciudadanía qué es lo que deben exigir del comportamiento de sus funcionarios, al final de cuentas, debemos de tener bien claro que somos empleados de la ciudadanía y les tenemos que decir sobre qué normas estamos trabajando”, comentó.

López Franco aseveró que el código podría entrar en funcionamiento una vez que se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades por parte de los legisladores locales, lo cual podría ser a principios del mes de febrero.

Finalmente, detalló que en caso de que algún funcionario público incurriera en alguna falta podría ser acreedor a una sanción de carácter administrativa, que puede ir desde una amonestación hasta la inhabilitación de sus funciones.

“Estamos hablando de sanciones administrativas y pueden llegar a la separación del cargo”, puntualizó.

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