La 58 Legislatura de Querétaro aprobó con 23 votos a favor la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al Código Penal y la Ley de Desarrollo Pecuario del estado para aumentar las penas por el delito de abigeato, que consiste en la extracción ilegal de cabezas de ganado, causando un perjuicio a los productores.
De acuerdo con estas nuevas disposiciones legales, la sanción por el robo puede ir de seis meses hasta seis años de prisión, con multas económicas de 100 a 500 días a quien no acredite la propiedad de un animal, o comercialice o enajene sin cerciorarse de su procedencia legítima.
La propuesta de reforma al Código Penal establece modificar el sistema de sanciones para que se atienda la afectación causada, en particular al detrimento económico, y no a la cantidad de animales sustraídos.
El diputado José González (PAN), quien presentó dicha propuesta ante la Legislatura, expresó que los ganaderos además de crear empleos, contribuyen al crecimiento económico de la entidad, pues recalcó que Querétaro se identifica con potencial ganadero por la crianza y engorda de bovinos, porcinos, ovinos y aves.
“La ganadería depende y enfrenta muchos factores, como son la disponibilidad de agua, las enfermedades, los precios de los suministros y el medio ambiente. A estos tenemos que sumarle el abigeato, este delito se ha diversificado y aumentado en los últimos años, afectando por igual a pequeños, medianos y grandes productores que generan un clima de inseguridad y pérdida”, dijo.
Dentro de estas reformas a la ley estatal se amplía el catálogo de conductas vinculadas al abigeato, además de que se establece que la pena se agravará hasta la mitad si la comete un empleado o dependiente en contra de su patrón; así como por adscritos a las organizaciones, al ser miembro de un cuerpo de seguridad pública, que se ejecute con violencia o cuando se trate con animales de mejoramiento genético.
Aprueban inclusión de talla baja como discapacidad. Asimismo, dentro de la sesión de pleno, los diputados también aprobaron la inclusión de personas de talla baja dentro de la Ley para el Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad.
Al respecto, Laura Casados Mata, representante de la asociación civil Un Mundo Incluyente, dijo que con esto se da un espacio para poder incidir en ámbitos laborales, de salud, educación entre otros, pues en ocasiones, se desconoce su condición.
“Esto nos va a ayudar para que la gente se dé cuenta que hay más discapacidades que se han hecho a un lado por mucho tiempo y que la gente se entere, que sepa que no son los únicos a los que se les puede brindar esta ayuda”, señaló.
Además se aprobó la iniciativa que reforma el Código Civil de la entidad, a fin de que el registro del nacimiento sea dentro de los primeros 60 días de vida para garantizar el derecho de identidad a los menores.
