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Durante la sesión de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la legislatura, se aprobó la adición de una fracción al artículo 22 de la ley de adquisiciones del estado de Querétaro, con el objetivo de que en las licitaciones restringidas se tenga empresas especializadas en el tema de seguridad.
Según el diputado local, Roberto Carlos Cabrera, los efectos de esta disposición tiene que ver en casos de adquisición de todos aquellos bienes muebles o inmuebles en materia de seguridad para que se pueda realizar adjudicación directa o licitación restringida.
“Es una disposición que modifica la ley de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos para el estado de Querétaro, que adiciona en el artículo 22 una fracción séptima para efectos de que en los casos solamente de seguridad se pueda realizar alguna adjudicación, alguna licitación restringida”, detalló.
De acuerdo con el legislador esta disposición homologa la legislación local con la reglamentación establecida en el artículo 134 constitucional a la cual, Querétaro será uno de los 19 estados que han armonizado la normativa estatal a estos preceptos en materia de seguridad.
Según el artículo 22 de la ley estatal en la materia establece que “Los Comités de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, bajo su consideración y más estricta responsabilidad, fundando y motivando por escrito su proceder, podrán autorizar a las Oficialías Mayores la invitación restringida a cuando menos tres proveedores autorizados o interesados o realizar la adjudicación directa de adquisiciones, arrendamientos, contrataciones y servicios”, en el que se añadirá una excepción que tenga que ver con datos sensibles que afecten la seguridad de la entidad.
Un ejemplo de lo que podría ser para efectos de la adición de una fracción en la ley de adquisiciones del estado, estableció el diputado, podría ser un paquete informático que contenga la base de datos de aquellos que han cometido infracciones o conductas criminales, al establecerse una licitación pública, dijo que podría haber propuestas que no garanticen la confiabilidad de que los datos estarán seguros.
“Por ejemplo vamos a poner un software que establece los registros que han cometido conductas anti-sociales o conductas criminales, deberían de estar debidamente encriptado y no puede ser cualquier tipo de empresa la que brinde el servicio, dada la naturaleza de lo que se puede manejar, que debe ser seguro el paquete y eso pudiera ser un ejemplo de lo que solamente se puede atender de manera directa por aquellas empresa”, agregó.
El legislador señaló que la iniciativa fue presentada a la Oficialía de Partes el lunes y que al no tener asuntos rezagados en la comisión que preside, se dictaminó y se aprobó para que pueda ser discutida este miércoles en el pleno del Congreso local.
