Con dos votos a favor y uno en contra, la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local aprobó el Dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado, entre las que se estipula una reducción a las multas de concesionarios del transporte público.
En cuanto a este punto, se establecen multas de entre 25 a 200 veces el salario mínimo de la zona; de 25 a 100 y de 15 a 70 al conductor de un vehículo de transporte público o especializado.
Se señala que, cuando las multas se paguen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la infracción, procederá el descuento del cincuenta por ciento de la sanción pecuniaria que se le haya impuesto y se hará la devolución de la garantía correspondiente, de conformidad con lo que establezcan las disposiciones aplicables.
Además se propone que la Dirección de Transporte podrá autorizar la ampliación de la vida útil de un vehículo por periodos de un año, siempre que de su revisión física y mecánica se desprenda que se encuentra en condiciones para continuar prestando el servicio público de transporte que corresponda.
La vida útil de un vehículo no podrá prorrogarse por más de dos períodos cuando preste el servicio en la zona metropolitana y de cinco periodos cuando preste el servicio en las demás zonas.
El presidente de la comisión legislativa, Ricardo Carreño Frausto indicó que estas reformas van encaminadas hacia una problemática social en cuestión de las infracciones, ya que los choferes en gran parte son los que pagan las sanciones, las cuales van de 3 mil pesos a más, cantidades que no alcanzan a pagar con sus salarios ya que ellos viven en una situación laboral precaria ya que no cuentan con las prestaciones de ley.
Por su parte el legislador Diego Foyo López consideró que cuando una infracción es muy elevada se abre la puerta a uno de los grandes males que se tienen en el país que es la corrupción, por lo que el espíritu de esta reforma lo entiende en ayudar a la economía de las familias de los operadores del transporte y atacar de frente a la corrupción al tener multas más accesibles y de más fácil pago para los operadores.
Consideró que con esto no se está incentivando a que incurran en infracciones sino que hagan un buen uso de sus unidades y un buen desempeño de su trabajo.
En contraparte el diputado Jorge Arturo Lomelí Noriega expresó la razón de su voto en contra a este dictamen.
A su parecer no se está tomando en cuenta a la ciudadanía y porque el transporte es un proyecto integral, pues en el estado 700 mil personas se mueven diariamente en estos medios de transporte y es recurrente la problemática de quejas en contra de los choferes por infinidad de irregularidades que cometen, le parece que se están descuidando la voz de miles de ciudadanos por atender a unos cuantos, favoreciendo a un sector que, a su juicio, ha dejado de hacer lo propio en cuanto a una respuesta a la ciudadanía.
Así también consideró que al autorizar el incremento de la vida útil del transporte público, sería un poco retroceder en este aspecto.
El dictamen será discutido en la próxima sesión de pleno legislativo a fin de estudiar la viabilidad y alcances de su aprobación.
