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La Comisión Especial Legislativa para el Sistema Anticorrupción aprobó el paquete de dictámenes que conforman las leyes secundarias que integran el Sistema Estatal y que incluyen dentro de sus puntos principales los mecanismos para la designación del fiscal especializado y la conformación de un Consejo Ciudadano.
En sesión de comisión, la presidente de la misma, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, destacó que la aprobación de las leyes secundarias se trata de una armonización con las federales que establecen las bases del funcionamiento de organismos como el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana.
El paquete de leyes secundarias aprobado en comisión incluye nueve dictámenes, entre ellos la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que contempla la organización, las atribuciones y el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción como un órgano con autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución de delitos relacionados con presuntos actos de corrupción.
Asimismo, se aprobó el dictamen relativo a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que plantea las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detención y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como el dictamen de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas —encargado de esclarecer las facultades de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE)— que contempla la organización de las atribuciones para conocer, investigar, capacitar y sustanciar la comisión de faltas administrativas.
Hinojosa Rosas, en entrevista posterior a la sesión, subrayó que las facultades de la comisión encargada de este tema, se limitan a la armonización con las leyes federales y en este sentido destacó que será responsabilidad de la Junta de Coordinación Política establecer lo referente a los plazos en la convocatoria para designar al fiscal anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
Dentro de los dictámenes aprobados también se incluyó la modifcación a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que regula el funcionamiento del Tribunal como un órgano con autonomía para dictar fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones en todo el territorio estatal, así como el dictamen que reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece las bases generales de las alcaldías con lo relativo a sus órganos de control interno.
También se aprobó la modificación de la Secretaría de la Contraloría para integrar las obligaciones en los sistemas nacional y estatales, así como las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establece los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, las faltas graves y las sanciones aplicables.
