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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Septién Olivares, es señalado por presuntamente influir en el proceso legal que enfrenta la administradora de Plaza de las Américas y la operadora del estacionamiento de la misma.
En la plaza se pueden ver mantas colgadas (desde varias semanas atrás) donde acusan al titular del Poder Judicial de tráfico de influencias en favor de una de las partes involucradas.
El magistrado expuso que no puede haber tal situación y que el proceso civil va conforme a los tiempos marcados por el juez de la causa; los tiempos, además, está sujeto al interés de las partes y la aportación de pruebas.
“Es un asunto que queda en el ámbito entre particulares, de derecho civil, en donde están reclamando la devolución del estacionamiento a la agrupación de comerciantes o colonos de Plaza de las Américas, está tramitado ante un juez civil, están agotando el trámite correspondiente”, aseveró.
“Los juicios se impulsan y caminan atendiendo el interés procesal de las partes, hemos sido respetuosos de las dos partes, cada uno tiene derecho a hacer sus expresiones; en un Estado de Derecho tenemos que apegarnos a lo que esté en el mismo juicios”.
Septién Olivares explicó que existen dos procesos legales por este caso, será un segundo juicio que pudiera dictaminar una sentencia en los próximos cuatro meses.
“Es el segundo juicio que llevan realizado de esa situación y como todo están aportando las pruebas suficientes para que el juez tenga todos los elementos necesarios y pueda pronunciar su sentencia pues en cuanto se agoten y desahoguen las pruebas que las partes hayan ofrecido”, señaló.
En este segundo juicio se están llevando los incidentes, recursos, impugnaciones y pruebas que han provocado, por su implicación, la dilatación del proceso.
Expuso que él mismo ha recomendado a los involucrados a llevar sus inquietudes ante el TSJ, por el tema del influyentismo; pero afirmó que cada juez es autónomo y tiene la libertad de dictar su sentencia conforme a su capacidad.
“En cuanto a los señalamientos de que pudiera haber influyentismo les he dicho a las partes interesadas que lo hagan saber al Tribunal, que le pongan nombre y apellido para poder actuar en consecuencia, lo demás son cuestiones procesales que hay que llevar a cabo y desahogar las pruebas en los términos que marcan las leyes”.
“No sé si son falsos, pero no puedo influir en el ánimo del juzgador, cada juez de acuerdo al principio de autonomía e independencia resuelve conforme a derecho”.
En caso de que esta resolución no sea del acuerdo de los involucrados tienen un segundo recurso que es la impugnación, que se lleva a la Sala del TSJ en donde tres jueces analizan y revoca o confirman la sentencia.
El resultado de dicho proceso pudiera estar listo en los siguientes meses “es cierto es que es un tema que tiene que generalizarse para todos los juicios, para todos los jueces para que se desahoguen las pruebas con la mayor celeridad posible; pero queda de acuerdo con el interés de las partes para que los jueces tengan las pruebas necesarias”.
“El tiempo es variable y desde un punto de vista ajeno al juicio, que pueda durar entre tres o cuatro meses que pueda dictarse sentencia siempre y cuando esté citado para resolución”.
