Luego de que la alcaldesa de Huimilpan, María García Pérez, recibiera una administración con un déficit por 5 millones de pesos, a nueve meses del inicio de su gobierno, informó que la deuda se ha reducido 60%.

Comentó que 100% de la deuda quedará solventada una vez que se haya resuelto el desvío de recursos detectados en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como el dinero ejecutado en infraestructura para los pueblos indígenas.

“La deuda total que nos dejaron fue de 5 millones de pesos, era un déficit y ahorita ya lo disminuimos en más de 60%. Nuestras finanzas van sanas y nos falta únicamente terminar el tema del DIF municipal”, aseguró a la presidenta municipal.

Recordó que parte de este hueco financiero heredado, fueron los 3 millones de pesos que dejó de pagar la pasada administración a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por concepto del Derecho del Alumbrado Público (DAP).

“Hicimos un acuerdo con la comisión para pagar peso a peso, un peso que pagáramos nosotros, ellos nos dispensarán con un peso. Hasta ahorita ya saldamos esa duda de 3 millones de pesos y estamos al corriente, las finanzas y todo esto se están poniendo en forma”, comentó.

Recordó la demanda que tiene interpuesta el gobierno municipal contra funcionarios de la pasada administración que operaban en el área del DIF municipal, donde se dejaron de pagar impuestos por más de 800 mil pesos, cifra que ha incrementado por multas y recargos a más de un millón 200 mil pesos y que forman parte del boquete financiero heredado.

“Fue creciendo porque Hacienda no perdona y es lo que estamos viendo para que nos reduzca la deuda. Ya hay un avance en las investigaciones, se están analizando todas las pruebas que se presentaron sobretodo porque son recursos públicos, de la gente y hay que administrarlos de manera transparente”, dijo.

La alcaldesa reiteró la confianza que se tiene en las autoridades para que resuelvan el tema y que se finquen las sanciones correspondientes a los ex funcionarios que estuvieron al frente del DIF durante el periodo 2009-2012, así como respuestas de parte de estos sobre que hicieron con el dinero que no fue pagado a la Secretaría de Hacienda.

“La Contraloría municipal también es parte de lo que se está revisando para que apliquen las sanciones correspondientes, sobre todo por las observaciones y acciones que en su momento se hicieron”, explicó.

Hasta el momento estas irregularidades son las que han sido detectadas; sin embargo están por revisarse otras emitidas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) en relación a las obras que se hicieron con recurso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

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