La Real Academia de la Lengua Española dice que eufemismo es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. En el conocido caso del after Heaven, de la Zona Rosa del Distrito Federal, el discurso oficial ha usado esta figura retórica para informar acerca de los hechos en los que una docena de jóvenes fueron sacados de ese lugar por un grupo de sujetos, sin que hasta la fecha se tenga noticia de ellos.

El hecho ha sido nombrado como secuestro, levantón, sustracción o desaparición por la opinión pública, pero ha sido calificado por la autoridad como “ausencia”.

Dicha palabra, con una connotación jurídica propia del Derecho Civil, fue usada para evitar explicar por qué nadie sabe de ellos y no se les encuentra. Con la exhibición de un video se niega la existencia de un comando armado y se da pauta para describir al grupo de responsables como una pandilla, aligerando el nivel de peligrosidad que aquel término tiene en el contexto de violencia nacional de inevitable relación con la delincuencia organizada; además, hablar de pandilla coloca la situación en un espacio territorial definido con alusión a grupos minoritarios de fuerte identidad, lo que permitió al jefe de gobierno usar otra expresión: “problema focalizado”, en referencia a que se trata de hechos en un contexto determinado y conocido por las autoridades que no permitirán su expansión, pues ya tomaron acciones para su control.

Ninguna de las frases ha cumplido con su cometido de reducir el impacto en la percepción de la ciudadanía; son demasiados datos que —con poca información— provocan explicaciones tan ligeras, como alarmantes: el lugar donde sucedieron los hechos, tal vez la zona más concurrida del país y la de mayor presencia policial; la hora del día, el uso que tiene el inmueble que denota presencia de gran poder corruptor y el silencio inicial de las autoridades roto por las familias que salieron a manifestarse a las calles. Nombrar las cosas de manera suave es un contrasentido, porque además del hecho percibido con preocupación, se muestra a una autoridad vacilante por no saber qué hacer o, peor aún, que pretende evitar que la verdad se sepa.

Decir que hay evidencia de una privación ilegal de la libertad de 12 personas jóvenes de ambos sexos, sin criminalizar o etiquetar, y que tal hecho pueden implicar un medio para otro resultado de mayor daño, no fue considerado políticamente correcto. Que los sujetos responsables fueron varios y de identidad desconocida hasta el momento, sería una descripción exacta de los hechos, pero poco afortunada para la imagen de un gobierno.

Las víctimas tienen los derechos que establece la Ley General de Víctimas a la justicia, la reparación del daño y a la verdad y por esto se entiende que tienen derecho a saber qué paso, quién fue, por qué sucedió y qué se ha hecho por la autoridad; en este sentido, tal derecho se extiende —además de las víctimas— a sus familiares y a la sociedad.

El caso es una verdadera lección de responsabilidad del ejercicio público, la sociedad percibe que hay asuntos de difícil trato, que muchos esfuerzos pueden traer pocos resultados e incluso aceptar que éstos tarden en llegar; lo que no es posible admitir es una conducta aparente, elusiva o mentirosa. No se habla con verdad, si no se dicen las cosas como son.

Tratándose de hechos delictivos de gran impacto, las autoridades policiales y de procuración de justicia que usan los discursos elusivos deben tomar en cuenta esta lección: el uso de eufemismos no favorece la buena percepción de la seguridad pública y tampoco de la persona que los usa, al paso del tiempo simular la seguridad tiene un alto costo político.

Especialista en seguridad y ex procurador General de Justicia de Querétaro