El uso de los recursos públicos con fines electorales ha sido una constante de la que siempre se ha hablado, pero en el caso de Chihuahua ya existen pruebas del modus operandi que tiene Hacienda en la desviación de recursos a favor del PRI.

A este problema de corrupción, empresas fantasmas y presión política, se le suma el escándalo de las tarjetas fraudulentas entregadas supuestamente por Bansefi a damnificados, lo cual se presta a que una parte de los más de 50 mil millones de pesos destinados al Fonden sean usados para comprar voluntades en las campañas políticas.

Lo que ocurre en Chihuahua es la punta de una gran madeja de corrupción e impunidad que tanto señalan organismos internacionales a México. Esta lucha contra la corrupción que encabeza el gobernador Javier Corral persigue y busca sancionar millonarios desvíos del presupuesto federal desde la Secretaría de Hacienda a las campañas del PRI.

En respuesta, el gobierno federal congeló más de 700 millones de pesos para el estado y trata de convertir al mandatario estatal en el villano de la película y para ello utiliza a la SHCP, dejando el pacto federal como una elaboración teórica. Esta lucha que se ha emprendido desde el vecino estado del norte en torno al combate a la corrupción no es ni será infructuosa: es un parteaguas que ayudará a cambiar al país. Las triquiñuelas del PRI-gobierno lo único que hacen es avivar el enojo social y consolidar la idea de que el país no tiene futuro con la generación fallida que encabeza Enrique Peña Nieto.

El injusto trato que da la Federación al estado de Chihuahua legitima la movilización que emprenderá el gobernador Corral en días próximos.

Chihuahua no debe ser ejemplo de avasallamiento. Al promover acciones en la búsqueda de justicia, Corral no tendría por qué poner en riesgo los recursos presupuestales a que tiene derecho.

Por ello, es grave que Hacienda anuncie la suspensión de las partidas. No se agrede a un gobernador, se agrede a un pueblo. Es irresponsable poner en riesgo los sistemas de salud, seguridad, educación, y a toda la estructura estatal que a final de cuentas afecta a los chihuahuenses.

La transparencia y combate a la corrupción no son ni deben ser moneda de cambio como propone el gobierno peñanietista.

La persecución que establece en contra del estado de Chihuahua en realidad intenta desviar la atención sobre la litis, que es la denuncia de presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Hacienda, sobre lo que Meade debería explicar y pronunciarse en lugar de acusar uso político.