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Adolfo Cervantes Ordaz, de San Nicolás, Tequisquiapan, era ejidatario, pero salió a trabajar del estado y su esposa quedó con los derechos, señala que los problemas de tenencia de la tierra en esa localidad datan de 1965, sin que se pueda resolver la situación y frenando proyectos productivos.
Adolfo, junto con una veintena de ejidatarios de San Nicolás, llegaron poco después de las 10:00 horas a las oficinas de la Procuraduría Agraria. Piden que se desconozca al comisario ejidal, Gilberto Gabino Nava, pues fue destituido. Un camión de transporte público los trajo hasta la capital del estado. El descenso es lento. La mayoría son adultos mayores que bajan despacio y con mucha precaución.
Con esfuerzo suben las escaleras que llevan al interior de la dependencia federal, como las dos mujeres de edad avanzada que llegan desde Pie de Gallos, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, a arreglar un asunto, y que para registrarse en la entrada tienen que pedir ayuda a una joven, pues ellas no saben leer ni escribir.
Los ejidatarios de San Nicolás se reúnen en la calle en espera de ser recibidos. Un empleado de la Procuraduría Agraria sale. De prisa y nervioso, toma los datos y los invita a pasar al interior del edificio, ubicado en avenida Constituyentes.
Adolfo, de voz pausada, narra que sus padres también tuvieron que sufrir estas situaciones, pues en el pasado los reprimieron. También recuerda que la destitución de Gabino Nava se dio en diciembre porque vendió terrenos comunales sin consultar a los ejidatarios, además de quedarse con el dinero fruto de esta transacción.
Dice que Gustavo Pérez Mendoza es con quien los ejidatarios han sostenido un conflicto añejo por la posesión de la tierra, por lo que piden que se resuelva este problema.
Limbo legal. Hombre de campo, Adolfo explica que sus cosechas no son muchas, sólo siembra maíz y frijol para autoconsumo, pues asegura que la tierra no da para más.
Esta situación, dice, “afecta a todas las familias. Nos llevamos al municipio porque iban a hacer empresas muy grandes ahí ¿Por qué no las hacen? Por la legalidad de la tierra. No es posible que por una familia esté un pueblo atorado”.
Subrayó que cuando vino la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles, dijo que sus tierras ejidales son zona metropolitana, pero no se ha regulado la tenencia, lo que los tiene en el “limbo legal”.
“Tenemos qué hacer que se respeten nuestras escrituras. Hemos tenido 50 años peleando, y vamos a vivir el resto de vida legal, entonces no sé hasta dónde lleguen los intereses”.
Señala que las afectaciones ya alcanzaron a la comunidad, pues afecta en las actividades productivas de la zona, pues en los 70 había 350 horneras dedicadas a la fabricación de ladrillos, y ahora sólo hay 50.
El representante de los ejidatarios, precisa que muchos son adultos mayores cuya única propiedad es la tierra. Incluso hay personas de mediana edad que ya heredaron. Enfatiza que las tierras en conflicto son de cultivo muy atractivas.
Emocionado, explica que las tierras en disputa son de una riqueza única, pues cualquier cultivo que se decida sembrar en el lugar se da de manera natural, pues siembran cualquier tipo de cultivo y hortaliza y se da.
“Nos han faltado ingenieros agrónomos que de aquí (de la Procuraduría Agraria) nos deben de mandar. Hemos andando por todos lados. Me asocio con una, se cultiva la tierra y gana más, pero no hay”, asevera.
Agrega que otro problema que enfrentan es la excavación de pozos de agua, por lo que sus tierras sólo tienen que sembrarse por temporal, porque no hay permiso para perforar pozos.
Adolfo se apresura y pasa con sus compañeros a una oficina, donde son atendidos por funcionarios de la Procuraduría Agraria. En la sala de espera aguardan otros, pues no caben todos en las pequeñas oficinas.
A la llegada del grupo, Ricardo Ordaz, otro ejidatario, explica que en asamblea se decidió destituir a los representantes ejidales porque habían vendido tierras cuando sólo son representantes y no dueños.
Sin embargo, a pesar de que ya se hizo una nueva elección de comisario, avalada por la procuraduría, acuden a que la dependencia tome cartas en el asunto, puesto que como autoridad dieron aval a ese cambio.
Explica que el comisario ejidal destituido dispuso de 35 lotes que dejaron como reserva y los vendió por su cuenta, sin pasar por la asamblea de ejidatarios, además de seis hectáreas que vendió a un particular, y cuyos recursos no fueron divididos.
Tras una hora de charla y exposición de motivos, los ejidatarios reciben respuesta de la autoridad, una luz de esperanza para los ejidatarios que no tienen certeza en la tenencia de sus tierras.
