Después de las declaraciones de integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) que aseguran que en San Juan del Río hay personas que les están cobrando derecho de piso y solicitando dinero para seguir trabajando, el procurador general de Justicia del estado, Arsenio Durán Becerra, aseguró que hasta el momento no se han presentado denuncias al respecto.

Expresó que se han recibido denuncias por llamadas telefónicas donde los extorsionadores exigen dinero, siendo la capital y San Juan del Río donde más se presenta este problema.

“Hemos tenido conocimiento de llamadas telefónicas que argumentan situaciones de esta naturaleza u otras similares, con la única finalidad de obtener en el momento alguna cantidad de dinero con base en engaños o en alguna coacción que se le hace a la persona que toma la llamada telefónica. Pero no tenemos ningún reporte de que haya personas que estén haciendo pagos periódicos o cosas por el estilo”, afirmó Durán.

“Hemos recibido denuncias no sólo de San Juan del Río, sino de otros municipios donde llamadas telefónicas hacen creer a las personas que hay una situación que no coincide con la realidad con la finalidad de obtener en ese momento alguna cantidad de dinero”.

El procurador indicó que en materia de casos de denuncias de negligencia médica que constituyen un delito, son seguidos en conjunto con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para determinar las causas que puedan integrar la averiguación.

La investigación se lleva a cabo por parte de la Procuraduría por lo que hasta el momento no se han presentado mayores denuncias a este respecto después de la presentada el pasado miércoles, por la familia de un recién nacido que falleció al interior del Hospital del Niño y la Mujer.

“Dependiendo de cualquiera que haya sido el resultado, ya sea por lesiones o la muerte de alguna persona se inicia la averiguación correspondiente y se realizan las indagaciones. Se verifica a través del personal especializado la participación que haya tenido la persona a la que se le señala como probable responsable de los hechos, permanentemente se tiene contacto y un convenio con la comisión de arbitraje médico en donde se intercambian opiniones especializadas y puntos de vista para poder determinar al responsable por parte del ministerio público”, concluyó.

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