La Reforma Educativa (RE) en México está vigente, fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Luego, el 10 de septiembre de 2013 se promulgaron la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; los tres decretos fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente. Este entorno significa una componente del orden jurídico que tiene propósitos en favor de los mexicanos, mejorar la calidad de la educación básica, aumentar la matrícula y la calidad en la educación media superior y superior, así como otorgar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo, lo cual se ha estado aplicando y así debe de ser.
Se ha señalado aquí, con insistencia, que la educación de calidad es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad, así como para establecer las bases para un crecimiento económico sostenido, como bien lo advirtió el Premio Nobel de Economía 1992, Gary Baker.
Es esencial mejorar la calidad de la educación básica, así como aumentar la matrícula en la educación media superior y superior, pero con calidad y con esquemas de planeación debidamente articulados con el proyecto de nación y de su desarrollo integral, así como es irrenunciable salvaguardar la rectoría del Estado Mexicano en nuestro sistema educativo.
La Reforma Educativa que hoy es constitucional, no es una Reforma de Peña Nieto, es una reforma que los mexicanos requeríamos y que fue aprobada por el Congreso de la Unión.
El centro de toda política educativa debe ser el derecho a aprender de la niñez y la juventud mexicana. El cambio que se llevó a cabo en el año 2013 al Artículo 3º de la Constitución, plantea la recuperación de la rectoría del Estado democrático sobre el proyecto educativo del país. La RE no tiene propietario, es de México y para bien de los mexicanos. La derogación de la RE representaría un retroceso, un daño inmenso a nuestros anhelos de un México más próspero e incluyente.
Es obligación de todo funcionario del gobierno el apego a la ley, nada sería más injusto y grave que privar a la niñez y a la juventud de recibir educación pública de calidad. La RE, entre otros aciertos, retiró privilegios impropios a la CNTE y que ahora quiere recuperar.
La CNTE pretende doblegar a su gusto al Gobierno Federal y a los mexicanos, en perjuicio de un mejor futuro para el país. Bien ha expresado nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, lo cual deberá de aplicarse.
Siempre ha existido el debate en lo referente a la ley y la justicia, sin embargo, en esta discusión, la ley representa el orden jurídico del Estado; con todos los defectos que pueda tener la ley, es lo mejor que tenemos para la gobernabilidad. La ley pretende ser justa, sin embargo se comprende que no siempre logra cubrir la complejidad de los tiempos cambiantes, de las relaciones y del orden social. La visión de la justicia puede no ser la misma que cada uno tenemos sobre algún acontecimiento; en cuanto a quienes beneficia o perjudica, resulta relativa, lo más tangible es la ley.
En teoría, la legalidad se formula con base al marco de la justicia. La justicia establece los criterios relativos a los derechos, obligaciones y pertinencia tanto de los individuos, como en el ámbito de lo social (Alejandro Sarache G., 2018). En nombre de la justicia es que nacen los ordenamientos jurídicos a nivel mundial, como una forma de proteger los derechos fundamentales del hombre en una época determinada. Lo justo refiere al sentido moral del Derecho, a lo ético de sus normas.
Ex Rector de la UAQ
