“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Cicerón.
Los ciudadanos tenemos el derecho de que nuestros gobernantes se conduzcan de manera honesta y transparente. De acuerdo con las disposiciones jurídicas existentes tanto en el ámbito local como en el federal, los funcionarios públicos tienen la obligación de responder por los actos u omisiones en que incurran en el ejercicio y desempeño de sus respectivas funciones. Por ello, es fundamental insistir en el compromiso que en materia de información, transparencia y rendición de cuentas asuman quienes nos gobiernen.
Cierto es que los mexicanos no habíamos tenido oportunidad de debatir sobre el alcance de estos temas sino hasta la llegada de los gobiernos emanados de Acción Nacional. Es claro que estos conceptos nunca fueron ni han sido prioridad de los gobiernos priístas; prueba de ello es que hasta 2002 se promulgan, en lo federal y en lo local, las leyes que regulan la información pública gubernamental y la transparencia, que tienen como objeto que los ciudadanos conozcamos los datos, reportes, acciones y resoluciones que se generen durante la gestión pública. Tal información nos permite discernir y comprender todos los programas, acuerdos, registros, expedientes o reportes que se hayan realizado. Pero no todo es miel sobre hojuelas, cierto es también que algunos gobiernos han modificado o interpretado a su conveniencia dichos ordenamientos en aras de evitar la transparencia, otorgándose un mayor margen de maniobra para conducirse con discrecionalidad y de acuerdo a sus intereses, fomentando de esta manera la corrupción que tanto daño hace.
La semana pasada constatamos lo fácil que fue para Virgilio Andrade declarar en su informe la inexistencia de conflicto de interés, que sirve para darle carpetazo al famoso caso de la relación de la pareja presidencial y el secretario de Hacienda con el dueño del Grupo Higa, quien además ha resultado ser un contratista privilegiado, socio estratégico, amigo y hasta prestamista.
En Querétaro también se cuecen habas: a 37 días del cambio de administración ya hay voces que hablan de un boquete de 17 millones de pesos en la USEBEQ. El río suena sobre la existencia de diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos, licitaciones, adquisiciones y nombramientos tanto en el gobierno estatal como en el municipal para dar plazas de base a los allegados y evitar despidos. ¿Será? Más allá de lo que pasa, el problema es que pocas veces la ciudadanía tiene acceso a ello, porque las autoridades tienden a la opacidad aún cuando es prioritario dar a conocer estas acciones y sancionar a los responsables.
El cambio de administración resulta favorable para que se investigue a detalle tanto el estado de la cuenta pública como las acciones realizadas por los funcionarios salientes. Si a través de expertos, utilizando metodologías propicias y sustentadas en la normatividad aplicable, se detectan irregularidades de las que se desprendan responsabilidades de funcionarios salientes, el nuevo gobierno tendrá la posibilidad de legitimar su compromiso con la transparencia, llamando a rendir cuentas a los responsables y aplicando las sanciones que correspondan en apego a la ley, lo que sin duda abonará en la credibilidad de la ciudadanía.
Abogado y catedrático de la Universidad Anáhuac. @gmontesd
