Los ciudadanos que participamos trabajando altruistamente con la legislatura en foros y mesas de trabajo para reformar a la ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, planteamos que dentro de la reforma a la ley quedara plasmado un organismo autónomo para procurar justicia ambiental en el estado.
Esta demanda surge ante la ilegalidad con la que se toman decisiones en las instituciones públicas y privadas y que han ocasionado el deterioro ambiental que vivimos en el estado y en los municipios.
La reforma a la Ley Ambiental que emanó de las mesas de trabajo fue enviada a gobierno del estado para su revisión. La nueva ley, revisada y tamizada por el mismo gobierno, restó facultades de participación a los ciudadanos y mutiló el proyecto de una Procuraduría Ambiental autónoma, transformó la propuesta original de un órgano de procuración de justicia ajeno a los intereses de partido, ajeno a los intereses entre particulares, o entre funcionarios e inversionistas y que realmente impartiera justicia .
Los ciudadanos pedimos a los candidatos, desde el proceso electoral que de llegar a los cargos de elección popular cumplieran estrictamente la normatividad ambiental en la toma de decisiones. Pedimos que establecieran políticas, planes y programas ambientales encaminados a proteger nuestro entorno natural, a mitigar la contaminación, a ordenar el crecimiento urbano, a construir infraestructura ambiental, etcétera.
Pedimos que los proyectos emanados de estas políticas contaran con el presupuesto necesario para realizarlas. Uno de estos proyectos era la Procuraduría Ambiental que para operar de manera objetiva y autónoma debía tener presupuesto y personal propio.
La forma en la que la Procuraduría Ambiental fue decretada por el ejecutivo del estado, supedita al procurador ambiental y a la Procuraduría a un consejo administrativo formado por los secretarios de estado y la supedita al control del gobernador.
La procuraduría, dependiendo de los asuntos a tratar, dependerá de una o de varias secretarías de estado como la Comisión Estatal de Aguas, la Secretaria de Desarrollo Sustentable, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Urbano, de tal forma que el actuar del procurador está sujeto al actuar de los secretarios. ¿Qué impartición de justicia puede existir bajo tal esquema?
Una porcentaje muy grande de las denuncias ciudadanas que realizamos está relacionada con la omisión de la normatividad ambiental por parte de las autoridades estatales, municipales y federales. Los ciudadanos nos encontramos con un círculo vicioso difícil de romper, ya que la autoridad es juez y parte en el análisis jurídico y en el técnico de los hechos denunciados y no existen mecanismos para auto sancionarse o rectificar dada la forma en la que se incumplió la normatividad.
Un ejemplo claro de los hechos arriba expresados son las granjas ilegales de Huimilpan, donde la autoridad ambiental expresa en medios de comunicación que las granjas cumplen con todos los requisitos y que en el tribunal la misma autoridad expresa por escrito que las granjas no cuentan con permisos ni autorizaciones.
Esta convergencia institucional a favor de la ilegalidad solo puede interpretarse por que el inversionista tiene relaciones cercanas con gobierno del estado. Es esta misma convergencia institucional la que va a afectar el desempeño del Procurador Ambiental y el desempeño de la procuraduría.
No dudamos de las capacidades, la integridad y el profesionalismo del doctor Alfredo Zepeda; sí dudamos que el doctor Zepeda pueda trabajar con imparcialidad, objetividad, legalidad y autonomía dados los vicios con los que fue creada la procuraduría.
Ecologista
