Las guarderías que cayeron en prácticas corruptas deben ser castigadas al igual que los funcionarios que lo permitieron, sin embargo en el tema de los cuidados de la primera infancia, no deben pagar justos por pecadores, porque no tiene la culpa el niño.

Es un retroceso que por menos del 3% de estancias infantiles (319 de 13 mil, según datos del gobierno) con irregularidades, se cancele un programa que necesita revisión, pero que funciona y resuelve parte de una problemática profunda. Habría que preguntarnos por qué para ir a la primaria o a la universidad no se le da el dinero a los padres y se desaparecen los presupuestos para estas instituciones. Simple y sencillamente porque no podrían subsistir.

Ninguna familia encontrará una guardería de 800 pesos al mes sin que esté subsidiada. La desaparición del programa tendría un impacto de graves dimensiones en el desarrollo del país, porque se dejarían de atender a miles de niños, inhibiendo su formación, pero también afectaría la economía de las familias; miles de mujeres tendrían que dejar de trabajar o laborar menos horas para dedicarlas al cuidado de sus hijos. Por eso sería más eficaz y menos costoso hacer una revisión del programa y garantizar cómo llegan los apoyos. Más guarderías ha sido una lucha de las mujeres.

Al final, el Presidente debe valorar dar marcha atrás la decisión de transferir recursos a los padres de familia y desentenderse de garantizar que existan más guarderías.

Es fundamental garantizar el acceso a un sistema eficaz del cuidado infantil, como se hace con los programas educativos; por un lado se financian becas para evitar deserciones por cuestiones económicas, pero por otro lado se garantiza su subsistencia a través de presupuestos públicos. Así que habría que asegurarnos que existan las guarderías cerca de donde se necesiten.

En México no existen las estancias infantiles suficientes y cercanas a la población; sólo se atienden un poco más de un millón de niños, una tercera parte de los que se necesitan atender; de éstos, 300 mil acuden a las estancias infantiles. Por ello la reflexión de la política pública debe de estar en el ámbito de la oferta y en cómo se garantiza el acceso de las familias de escasos recursos.

Esto provocará que al menos 70% de las mujeres lleven a sus hijos al trabajo, como María, vendedora ambulante que afirma que los 800 pesos que pudieran darle no le alcanza para pagar la guardería sin subsidio, además nadie de su familia vive cerca ni cuidaría a su hijo por esa cantidad. Por lo que tendrá que llevarse al bebé y tenerlo bajo la mesa todo el día, porque debe seguir trabajando.

Yo no quiero un país de niños amarrados bajo las mesas, sin opción ni esperanzas.

Maestra en Políticas Públicas